Reconocimiento a los purgados

Noventa años después del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la historia plantea aún la incómoda pregunta sobre qué ocurre si una democracia olvida a quienes fueron castigados por defenderla. El homenaje celebrado en las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria a los empleados públicos y cargos electos represaliados tras la sublevación representa un ejercicio de restitución. Aunque llegue con retraso.

En ese proceso destaca el trabajo del historiador Sergio Millares Cantero, autor del estudio sobre la depuración sufrida por los trabajadores de los antiguos municipios de Las Palmas y San Lorenzo. Su investigación aporta algo más valioso que una relación de nombres. Devuelve identidad, contexto y humanidad a quienes fueron reducidos a simples expedientes administrativos, condenados al olvido o ejecutados.

Funcionarios, guardias, barrenderos, jardineros, cobradores, músicos o administrativos perdieron sus empleos, fueron encarcelados, suspendidos de sueldo o expulsados de la administración. Veinticuatro concejales fueron destituidos y cuatro servidores públicos acabaron fusilados"

La investigación documenta que unos 150 empleados municipales fueron sometidos a procesos de depuración. Funcionarios, guardias, barrenderos, jardineros, cobradores, músicos o administrativos perdieron sus empleos, fueron encarcelados, suspendidos de sueldo o expulsados de la administración. Veinticuatro concejales fueron destituidos y cuatro servidores públicos acabaron fusilados. Fueron víctimas de una de una maquinaria diseñada para eliminar cualquier rastro de lealtad a la legalidad republicana.

De lo más simbólico resulta el caso del desaparecido municipio de San Lorenzo, incorporado por la fuerza al Ayuntamiento de Las Palmas en 1940. Su alcalde, Juan Santana, y dos empleados fueron ejecutados. La desaparición de San Lorenzo y la persecución de buena parte de sus representantes públicos convierten su historia en uno de los episodios más significativos de la represión.

Voz rigurosa

Sergio Milares se ha consolidado como una de las voces más rigurosas en el estudio de la memoria democrática en Canarias. Sus investigaciones, muchas desarrolladas en colaboración con la Asociación para la Memoria Histórica de Arucas, han permitido reconstruir trayectorias, localizar documentación y explicar con precisión cómo funcionó el aparato represor. Frente a relatos simplificados o puramente emocionales ha apostado por el rigor.

En el homenaje insistió en que estos reconocimientos no constituyen actos de revancha, sino ejercicios de justicia. No se trata de reabrir heridas, como sostienen algunos, sino de cerrarlas. Difícilmente se puede dar por zanjado un conflicto cuando una parte de las víctimas nunca recibió reconocimiento.

Diversos testimonios reflejan que muchos jóvenes apenas identifican las circunstancias del golpe militar o desconocen el papel de Canarias en la sublevación. Investigaciones como la de Millares son herramientas de educación democrática"

La alcaldesa Carolina Darias recordó que aquellos empleados públicos «eligieron la lealtad a la libertad y a la legalidad establecida». Y asumieron consecuencias «dolorosas y, en muchos casos, irreparables». El ministro Ángel Víctor Torres sostuvo que «el olvido no puede ser nunca la respuesta».

Sus palabras cobran relevancia cuando el desconocimiento se extiende entre los jóvenes. Diversos testimonios reflejan que muchos apenas identifican las circunstancias del golpe militar o desconocen el papel de Canarias en la sublevación. Investigaciones como la de Millares trascienden así el ámbito académico. Son herramientas de educación democrática. Permiten explicar que la represión afectó a personas con nombres y apellidos, muchas de ellas funcionarios cuya única «culpa» fue cumplir con su deber.

Décadas de represión

La represión franquista no terminó con las condenas o los fusilamientos. Continuó durante décadas mediante el silencio, el miedo, la marginación económica y el estigma social que soportaron las familias. La entrega de declaraciones de Reconocimiento y Reparación a los descendientes de los purgados simboliza, aunque sea tardíamente, la voluntad del Estado y de las instituciones de asumir esa deuda moral. Nada podrá cambiar lo ocurrido en julio de 1936. Pero sí se puede impedir que quienes defendieron la legalidad constitucional sigan enterrados bajo el peso del olvido.

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