El derecho a quedarse

Hay jóvenes que no abandonan Canarias buscando una aventura, sino escapando de una imposibilidad. Se marchan porque han estudiado, trabajan, cumplen con aquello que la sociedad les pidió y, aun así, no pueden construir una vida independiente en la tierra donde nacieron.

Algunos se despiden en un aeropuerto. Otros se quedan físicamente, pero continúan viviendo en la habitación de su adolescencia, rodeados de fotografías, libros escolares y muebles elegidos cuando todavía no sabían que emanciparse acabaría convirtiéndose en una hazaña económica

Hemos hablado tanto del derecho a la vivienda que corremos el riesgo de olvidar lo que realmente significa. Una vivienda no es únicamentente un techo, una inversión o una cifra dentro de una estadística. Es el lugar desde el que se organiza la existencia. Sin vivienda no hay intimidad, estabilidad familiar, proyecto personal ni verdadero arraigo.

Durante el primer trimestre de 2026, la vivienda nueva se encareció en Canarias un 12% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la de segunda mano aumentó alrededor de un 10,6%. No son porcentajes abstractos: son puertas que se cierran, meses adicionales de ahorro y decisiones vitales permanentemente aplazadas.

El Gobierno de Canarias ha aprobado el Programa Hipoteca Joven Canaria, destinado a facilitar una financiación de hasta el 95% del precio de adquisición a jóvenes de entre 18 y 40 años, así como a familias numerosas y monoparentales. Es una medida que puede ayudar a quienes tienen ingresos suficientes para pagar una hipoteca, pero carecen de los ahorros necesarios para afrontar la entrada.

Sin embargo, el problema no termina en la entrada.

Una persona puede recibir facilidades para financiar una vivienda y seguir sin poder comprarla porque su salario no alcanza, porque la oferta es escasa o porque los precios continúan creciendo mas deprisa que sus ingresos. Tambien puede conseguir una ayuda al alquiler y descubrir que apenas existen viviendas dentro de los límites establecidos por la convocatoria.

Las ayudas son necesarias, pero no pueden convertirse en una escalera apoyada contra una pared que cada año crece varios metros.

Canarias necesita dejar de tratar la vivienda como una sucesión de convocatorias y comenzar a considerarla una política estructural. Eso significa aumentar de manera sostenida el parque público de alquiler, rehabilitar edificios abandonados, movilizar viviendas desocupadas con garantías para sus propietarios, acelerar los procedimientos urbanísticos sin rebajar la seguridad jurídica y reservar suelo para hogares asequibles.

Tambien exige afrontar con valentía la convivencia entre el uso residencial y el turístico. No se trata de culpar al visitante ni de convertir al pequeño propietario en enemigo público Se trata de reconocer que una vivienda utilizada permanentemente como alojamiento turístico deja de cumplir una función residencial. Cuando ese fenómeno se concentra en determinados barrios o municipios, altera los precios, transforma el comercio y modifica la vida comunitaria.

El debate no debería enfrentar turismo y vivienda, como si Canarias tuviera que elegir entre economía y dignidad. La pregunta correcta es otra: ¿puede considerarse exitoso un modelo económico que genera riqueza, pero dificulta que quienes trabajan en el vivan cerca de sus empleos?

Tampoco podemos reducir el problema a las grandes ciudades o a las zonas turísticas. En muchos municipios pequeños, la escasez de alquiler obliga a los jóvenes a trasladarse. Cuando se marcha una generación, no desaparece únicamente población. Se pierde alumnado en los colegios, clientela en los comercios, participación en las asociaciones, relevo en las tradiciones y futuro en los barrios.

Una casa vacía puede rehabilitarse. Un pueblo vaciado de oportunidades tarda mucho mas en recuperarse.

Durante años hemos repetido a los j6venes que debían formarse, aprender idiomas, adaptarse, emprender y ser flexibles. Ellos lo hicieron. Quizás haya llegado el momento de que las instituciones tambien demuestren flexibilidad, formación y capacidad de adaptación.

No podemos pedirles que tengan hijos mientras les negamos el espacio para criarlos. No podemos exigirles que participen en la vida comunitaria si pasan varias horas desplazándose hasta su puesto de trabajo. No podemos hablar de arraigo mientras la permanencia se convierte en un privilegio.

Marcharse debe ser una elección nunca la única salida posible.

Porque existe un derecho que rara vez aparece escrito en las leyes, pero del que depende buena parte del futuro de Canarias: el derecho a quedarse.