La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción de las gestiones "infructuosas" realizadas por la Agencia Tributaria Canaria para cobrar los cuatro millones de euros presuntamente estafados por la empresa RR7 United con un contrato de mascarillas suscrito en mayo de 2020.
Así lo ha avanzado este jueves el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha relatado las 13 actuaciones realizadas por la Agencia, con solicitud de embargo incluida, y que por ahora reflejan la "imposibilidad" de encontrar bienes para tratar de recuperar el dinero, que con los intereses de demora se aproxima ya a los cinco millones de euros.
Pérez ha comentado que "si la insolvencia se mantiene" en el tiempo el Gobierno acometerá "actuaciones complementarias" para tratar de recuperar el dinero y las exigirá tanto a la empresa como a sus posibles administradores.
Ha comentado también que la empresa afectada ha propuesto al Servicio Canario de Salud (SCS) reanudar las relaciones y el suministro de mascarillas, opción que ya se ha rechazado porque "no hay relación contractual" y el objetivo es cobrar la deuda.
Asimismo ha indicado que la Consejería de Sanidad ha pedido una prórroga a la Audiencia de Cuentas para contestar al borrador del informe que ha elaborado sobre los contratos firmados por la Comunidad Autónoma durante el estado de alarma.
