La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) tiene por delante el pago de los diez millones que ha costado el nuevo edificio administrativo que se ha construido en Vegueta, cerca del antiguo cine San Roque, y que se levantó con la intervención de un grupo de promotores privados, con fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). El próximo año vence el plazo para cancelar la deuda, que corre a cargo de la empresa pública creada al efecto RIC ULPGC, S.A.
Empresas como Bankia y Ron Arehucas constituyen el 80% de los promotores que decidieron en 2004 sumarse a esta iniciativa, que convertía el inmueble en el primer edificio público que se acogía a la fórmula de la RIC.
Antes de que finalice el año, RIC ULPGC, S.A. y las empresas implicadas deberán concretar de qué manera se realizarán los pagos. Fuentes de la Universidad grancanaria aclararon a este periódico que no se detraerá este dinero del montante que ha designado el Gobierno de Canarias para el centro en los presupuestos de 2012. Tampoco podrán utilizar los fondos que han obtenido por la calificación de Campus de Excelencia Internacional de Ámbito Regional, puesto que este capital sólo puede usarse para fines de investigación.
Para acometer el proyecto se planteó la creación de una empresa pública, de carácter inicialmente unipersonal, y que posteriormente, a través de una ampliación de capital, daría entrada a fondos de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), con la emisión de acciones sin derecho a voto.
La empresa RIC ULPGC, S.A. fue constituida el 7 de junio de 2004, teniendo como objeto la promoción y explotación en régimen de arrendamiento de todo tipo de infraestructuras y equipamientos destinados, principalmente, a satisfacer las necesidades de espacios administrativos y otros usos de la ULPGC.
En los planes iniciales, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma contribuiría a la viabilidad del proyecto mediante un convenio de colaboración por el que financiaba los gastos del arrendamiento del edificio por un tiempo determinado.
La posibilidad de materializar la RIC en infraestructuras públicas educativas y, por extensión, de cualquier índole -siempre y cuando fuera legalmente posible su cotitularidad durante cierto periodo de tiempo- quedó abierta en noviembre de 2008. Una consulta vinculante formulada por la ULPGC a la dirección general de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda abrió la puerta a lo que constituía, en palabras de Salvador Miranda, asesor fiscal de esa institución grancanaria en aquel momento, "nuevo uso social" de la Reserva. La ULPGC constituyó una sociedad anónima a la que aportó el 50 % del capital social, consistente en el valor de un suelo que puso a disposición de esa sociedad RIC ULPGC, S.A. Y capitales privados canarios que contaban con dotaciones en la RIC aportaron el otro 50 % del capital social, equivalente al coste de construcción del edificio.
