La ULPGC sigue sin aplicar el ajuste que impone el Estado

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) continúa sin aplicar el decreto de ajuste para las universidades aprobado el 21 de abril hasta contar con la ficha económica definitiva. El rector José Regidor señaló ayer que espera que el Gobierno de Canarias pueda amortiguar el golpe de los recortes, "que se han llevado a cabo a espaldas de los agentes implicados". Sin embargo, el Ejecutivo autónomo, en boca del consejero de Educación, José Miguel Pérez, ya ha advertido de que no puede asumir esos gastos.

Regidor se reunió ayer con el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Eduardo Doménech, además de con el propio Pérez y el director general de Universidades, Carlos Guitián, para dilucidar cómo se van a enfrentar a los ajustes que propone el real decreto ley. "Las tres partes hemos coincidido en rechazar el decreto, porque, al contrario de lo que sería deseable, no significa ninguna ventaja para las universidades", señaló Regidor, que lleva días insistiendo en que el propio texto de la norma es, en muchos casos, difícil de interpretar.

"Nos preocupa el criterio de ahorro que se ha aplicado, de subida de tasas y aumento de carga lectiva de los profesores, que va a tener un efecto muy negativo en el funcionamiento de la Universidad", agregó el rector, que no aprueba "ni el fondo ni las formas" de los recortes que propone el Gobierno de Rajoy para la educación superior en España.

Los implicados, que siguen calibrando y estudiando el impacto del real decreto, aún no cuentan con un presupuesto cerrado, lo que, según Regidor, hace inútil la elaboración del plan docente, como ya ha hecho la ULL. "No hemos realizado el plan docente, porque aún no sabemos con el dinero que contamos y cuánto vamos a tener que aumentar la carga lectiva, con lo que eso significa para la reorgani- zación de la plantilla. Si se lleva a cabo ahora el plan docente vamos a tener que cambiarlo una vez que conozcamos el impacto real del decreto", añadió el rector.

A pesar de esta diferencia de actuación, Regidor quiso insistir en que "ambas universidades canarias estamos trabajando juntas para buscar las posibles soluciones, aunque nos movemos en un entorno legal limitado, puesto que el decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, el 21 de abril de este año", aclaró.

El único resquicio que queda a las universidades y el Gobierno canario es que se trata de "un decreto poco claro", que presenta dificultades de aplicación, lo que da lugar a distintas interpretaciones. "Nosotros, como miembros de la CRUE [Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas], nos unimos a la petición que se ha cursado al Ministerio para que aclare las lagunas que ha dejado la redacción del texto", indicó.

En cuanto a los plazos para tomar las decisiones definitivas, José Regidor no quiso poner una fecha límite para aplicar la norma. "No tenemos mucho margen, de ahí las prisas por reunirnos y calcu-lar cuál va a ser la conse- cuencia real de este nuevo marco", concluyó.