El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, confirmó ayer que los inmigrantes "sin papeles" crónicos serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. "Se les enviará por la asistencia que se le ha prestado aquí", aseguró en unas declaraciones realizadas a Radio Nacional.

Rivero indicó que esta situación es la que afrontan los españoles al visitar otras naciones. "Cuando vamos a otros países tenemos que pagarlo o lo tiene que pagar nuestra Seguridad Social", sostuvo. El representante sanitario reiteró que existen "bastantes" convenios de colaboración bilateral con otros países. Sin embargo, señaló que será el médico quién decidirá si es urgente, "y si hay que tratar a ese paciente".

Según su criterio, "no puede ser otra persona" la que tome esta decisión, porque sólo él sabe si acarrea riesgo vital no someterse a un tratamiento. Y es que si no se toman las medidas asistenciales necesarias, se puede adquirir una patología "mucho más compleja de la que tiene en ese momento", manifestó. No obstante, Rivero puso de relieve que "posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias".

No obstante, el dirigente popular reiteró que, aunque no exista convenio bilateral con el país de origen del paciente, será atendido si el médico considera que supone un riesgo vital para su salud y después se determinará quién es el que financia esa asistencia o tratamiento.

Cuando se presente esa situación, según Rivero, el médico "no se va a fijar si hay un convenio de colaboración y bilateral" con el país del enfermo, sino que se fijará es "si es vital y urgente, si hay que tratar a ese paciente. Es lo que se va a hacer, lo que el médico considere que tiene que hacer como urgencia vital. El tema administrativo no lo lleva el clínico, que si considera que un paciente tiene una urgencia no se pone a preguntar si tiene convenio o cartilla o no", concluyó.

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Manuel Cervera, también confirmó ayer que "cualquier enfermedad grave o en proceso de tratamiento continuará siendo tratada" en el caso de los inmigrantes a los que se les termine su contrato de trabajo y, por lo tanto, dejen de cotizar a la Seguridad Social.

Cervera analizó la normativa que regulará las pólizas de unos 60 euros mensuales para los españoles "rentistas" y los inmigrantes europeos y nacionales de terceros países que voluntariamente quieran suscribirlas, con el objetivo de recibir asistencia completa en el Sistema de Salud. Los inmigrantes "sin papeles" que no puedan pagar esta cuota continuarán recibiendo, según Cervera, servicios de urgencias, atención al embarazo y asistencia a menores de 18 años.

El diputado del PP ha lamentado la actitud del PSOE ante esta medida, acusando al Gobierno de "racista" o de "mercantilizar" la Sanidad, cuando es este partido quien "ha dejado la Sanidad pública con una deuda de 16.000 millones de euros" y al borde de la quiebra por el impago a los proveedores.

Cervera se ha referido al informe del Tribunal de Cuentas que cifraba en más de 1.000 millones de euros anuales el uso fraudulento del denominado "turismo sanitario" en este país, algo ante lo que el Gobierno socialista "se dedicó a mirar para otro lado. Hay que adoptar reformas, ser rigurosos", ha sentenciado, porque hasta ahora se atendía en España a personas "a las que no se les facturaba", pero insistió en que "no va a dejar de tratarse a ningún paciente" en España, "tenga o no papeles", pero lo que sí se va a hacer es "ordenar" el sistema como el resto de países europeos.

Para el portavoz de Sanidad del PP, las medidas del Gobierno actual no suponen "ningún tipo de discriminación" sino "ser rigurosos y eficientes", porque es lo que se hace en países próximos como Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido.

En cuanto a los inmigrantes ilegales, ha recordado que el único objetivo del Ejecutivo es "regular" su situación y "que la gente sepa qué derechos tiene" en este país.

Cervera ha afirmado que la orden que regula la nueva condición de asegurado está en proceso de alegaciones, por lo que puede ser mejorada por comunidades como el País Vasco y Andalucía, que han anunciado su voluntad de seguir atendido a los inmigrantes ilegales.

El diputado ha insistido en la necesidad de conseguir "un pacto global por la Sanidad" porque todas las Comunidades saben que su situación es "extremadamente grave".

Por su parte, un grupo de asociaciones de inmigrantes (Rumiñahui, Vomade, Ari-Perú y la Federación de Asociaciones Rumanas, entre otras) ha convocado a representantes de los sindicatos UGT, USO y CC OO, y de partidos políticos para analizar una postura "común y consensuada" en contra de los ajustes en sanidad.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, calificó ayer de "injusta y xenófoba" la decisión del Gobierno de no atender a los inmigrantes indocumentados y criticó la política "de amenazas y obstrucción" frente a sanitarios que hagan objeción de conciencia.

Martínez Olmos, reprochó a la que considera "desaparecida" ministra de Sanidad, Ana Mato, que esté "cargándose" el Estado de Bienestar.

"Mato desde la distancia ha provocado una implosión de los derechos de inmigrantes que trabajan sin papeles, atacando a los más débiles en vez de buscar a las empresas o personas que los tienen trabajando sin papeles", ha criticado el portavoz socialista.