Canarias realizó una inversión de cerca de un millón de euros en los 250.000 antigripales defectuosos. Si finalmente el Ministerio de Sanidad decide retirar las vacunas del mercado, la Comunidad canaria previsiblemente pedirá responsabilidades a la farmacéutica Novartis. El mal estado de las inyecciones motivó hace una semana la suspensión de la campaña contra la gripe que se realiza cada año de forma gratuita en los centros de salud del Archipiélago.

Para presentar cualquier denuncia, primero habrá que esperar a tener los resultados de la investigación que dirige actualmente la Agencia Española de Medicamentos, dependiente del Ministerio de Sanidad, que fue la que determinó la inmovilización preventiva al encontrarse en el contenido unas partículas blancas. Ante esta situación, y para poder vacunar a la población de riesgo, Canarias ha pedido dosis a otras comunidades, y se espera que la próxima semana llegue la primera tanda de 70.000 inyecciones.

La directora del Servicio Canario de Salud (SCS), Juana María Reyes, explicó que el dinero de la vacuna no se había hecho efectivo todavía, pero habrá que estudiar los procedimientos administrativos y jurídicos para interponer "si es pertinente" una denuncia ante los indicios de mala calidad de las dosis. "Después de realizar el análisis se decidirá si procede o no reclamar una indemnización posterior al laboratorio", añadió Reyes al anunciar la suspensión de la campaña.

La responsable del SCS recordó que primero habrá que analizar cuál es el motivo de la pérdida de calidad de los antigripales. Puede ser debido, entre otros motivos, a que se ha asumido "más responsabilidad de producción" de la que era capaz el laboratorio o que se trata de un asunto "casual".

Canarias es una de las ocho comunidades autónomas, junto a Ceuta y Melilla, que adquirió las vacunas de Novartis a través de una compra centralizada del Gobierno de España para ahorrar costes. Esta compra tiene una parte negativa, ya que al ser tanta la cantidad afectada es más complicado adquirir nuevas dosis, y una parte positiva, ya que al ir varias comunidades autónomas "bajo el paraguas" de un concurso centralizado por parte del Ministerio la "oposición será conjunta".

En concreto, según datos de la Consejería, se invirtieron, a tra- vés de la Dirección General de Salud Pública, 972.440 euros en la compra de 250.000 dosis de vacuna inactivada normal y 8.000 dosis de vacuna inactivada con adyuvante, para personas mayores institucionalizadas. Estas últimas, de los laboratorios Sanofi, no se han visto afectadas porque sí reúnen la calidad exigida.