La Consejería de Sanidad, la Asociación Canaria Tricontinental de Cardiopatías Congénitas y la Asociación Corazón y Vida alcanzaron ayer un acuerdo, que pretende dar por zanjada la polémica sobre el fin de las intervenciones de cardiopatías congénitas en el Hospital Materno-Infantil. Dicho acuerdo, cuyos detalles dará a conocer hoy la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, recoge el compromiso del departamento autonómico de fijar un calendario para la formación de especialistas. El objetivo es evitar el traslado de madres embarazadas o de menores a centros de referencia de la Península.

Tras varias semanas de enconamiento entre las partes, el encuentro celebrado la tarde de ayer, al que también asistieron los especialistas del Materno-Infantil Pedro Suárez y Gabriele Iacona, parece haber limado asperezas en lo que se refiere al aspecto más controvertido de los planes de Sanidad: el traslado de madres embarazadas afectadas a la Península. Hasta ahora, la unidad ha estado vinculada al policlínico San Donato, centro de alta cualificación que ha asesorado en formación a los cirujanos pediátricos del hospital grancanario. El fin de la vinculación con los italianos daba por cerrada la unidad del Materno, o al menos así lo comunicó su gerente, Isabel Gutiérrez, que dio como fecha límite el 31 de diciembre.

El anuncio motivó un gran revuelo entre profesionales y familiares, que no han dudado en ofrecer a este periódico testimonios directos de su experiencia positiva con los especialistas de la Unidad de Cirugía Cardíaca Infantil, mientras que otros hablaban de las odiseas en las que se vieron envueltos al tener que ser trasladados de urgencia a la Península para ser intervenidos por no existir el servicio.

Precisamente, la oposición ciudadana (40.000 firmas online) a la medida se centra, de acuerdo con las opiniones de los médicos, en los riesgos que corre un bebé afectado al ser trasladado a la Península en un avión medicalizado. Los sindicatos, por su parte, subrayaron que un operativo de estas características multiplicaba por cinco [un millón anual] el coste de la atención, aparte de considerarlo una opción que contribuía al desarraigo familiar y a disfunciones en la economía de los afectados.

La Consejería de Sanidad descartó a medida que crecía la polémica los motivos económicos, a la vez que ponía el énfasis en la falta de capacidad profesional de los especialistas, que, a su juicio, no cumplían los estándares exigidos. El argumento, en síntesis, se repitió el pasado lunes durante un pleno del Parlamento, donde Mendoza subrayó a preguntas de Mercedes Roldós (PP) que el objetivo de su departamento es buscar "la máxima excelencia" en la atención de la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital Materno Infantil. En todo caso, también especificó que "si algún niño no pudiese ser trasladado [a la Península], se le atendería aquí [en Gran Canaria]".

Según lo que ha trascendido de la reunión de ayer entre las partes en conflicto, la formación de especialistas va a ser una prioridad, de lo que se deduce que el servicio para la operación de bebés con problemas en el corazón se mantendrá. Han sido 1.000 operaciones desde el año 2001, y "con uno de los mejores resultados de España", aseguraba el domingo a este periódico Pedro Suárez, jefe de Cardiología Pediátrica del Materno-Infantil.