Las denuncias por violencia de género registradas en los juzgados y tribunales de España alcanzaron en 2012 las 128.543, lo que supone un descenso del 4,1% respecto al año anterior, cuando se registraron 134.002. Además, en 2012 hubo una media de 352 denuncias diarias (15 menos al día que en 2011), según la estadística difundida por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Para la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán, esta disminución puede deberse al impacto de la crisis económica tanto en la víctima como en su familia y en la propia sociedad, impacto que "no favorece que las mujeres salgan del círculo de la violencia". "Si se compara el año 2012 con el año 2008, cuando comenzó la crisis económica, la disminución de denuncias se sitúa en el 9,6%", ha ejemplificado.
Además, Montalbán ha destacado "el esfuerzo" social e institucional realizado en los últimos años en la lucha contra la violencia de género y ha expresado su confianza en que "los recortes económicos no afecten a la lucha contra este tipo de delincuencia". Por ello, ha pedido que se mantengan "todos los recursos necesarios e imprescindibles para asistir de manera integral y recuperar a las víctimas".
Según ha indicado, si bien en el siglo XX dichos recursos han estado enfocados a la protección de la mujer, en este nuevo siglo, los esfuerzos de la sociedad y de sus instituciones tienen que centrarse en la mujer y en sus hijos. "Los menores son utilizados como instrumentos para causar daños a las madres, fenómeno que lleva a pensar que este tipo de violencia machista tiene una especial intencionalidad", ha subrayado.
El estudio, basado en los datos obtenidos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) de España, así como en los 355 juzgados con competencias compartidas, revela que el 72,06% de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, frente al 13,51% derivado de la intervención directa de la Policía, el 11,47% de partes de lesiones y el 1,26%, por los familiares de la víctima. Mientras, indica que el 1,7% fueron denuncias presentadas como resultado de la intervención de los servicios asistenciales.
Además, muestra que en 2012 se produjeron 15.592 renuncias a la continuación del proceso en fase de instrucción, lo que supone un 12,1% en relación con el número de denuncias presentadas y un incremento de un 0,9% respecto a 2011.
Por otra parte, de los datos se desprende que en casi seis de cada diez casos (55%) la relación de pareja se mantenía en el momento de solicitar las órdenes de protección, mientras que en los otros cuatro de cada diez (45%) la relación afectiva se había extinguido, tendencia que también se mantiene estable respecto al año anterior.
Asimismo, se observa que en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se solicitaron en 2012 un total de 34.556 órdenes de protección, lo que supone un descenso del 3,51% respecto al año anterior. De las órdenes de protección solicitadas (21.245 órdenes de protección), se estimaron un 61%.
Derivadas de las órdenes de protección y medidas cautelares, el año pasado se adoptaron 66.706 medidas penales, entre las que destacan, al igual que en 2011, la orden de alejamiento (acordada en el 81,2% de los casos), la prohibición de comunicación (adoptada en el 81%) y la prohibición de volver al lugar (15,2%).
Al mismo tiempo, el estudio revela que se dictaron 16.174 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal, manteniéndose la "baja proporción" de medidas cautelares civiles respecto de las penales. De éstas, un 24,2% acordaron la prestación de alimentos y un 20% se pronunciaron sobre la atribución de vivienda.
