Sanidad fuerza la jubilación de 172 médicos para ahorrarse sus salarios

Ángel Trujillo, Gómez Sancho, Santiago Obeso, Antonio Ocete, son sólo algunos de los médicos que hasta el pasado año trabajaban para el Servicio Canario de Salud, al igual que otros 172 más. Todos son piezas del un puzzle sanitario que ha desmontado la medida que la Consejería impuso desde el 1 de enero de 2013, por la cual, todos los médicos al cumplir los 65 años se jubilarán de forma inexorable, se encuentren o no en perfectas condiciones físicas y psíquicas.

El Servicio Canario de la Salud ha aplicado en estas jubilaciones la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, así como el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, y ambos han afectado no sólo a los médicos sino a la totalidad de los funcionarios.

La consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, al respecto de esta decisión, señalaba en mayo que las jubilaciones de los profesionales mayores de 65 años "se han realizado de conformidad con el Real Decreto-Ley 20/2012, sobre jubilación forzosa del personal funcionario, en cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, siguiendo la Ley 4/2012 de medidas administrativas y fiscales, que preceptúa la jubilación del personal estatutario y docente no universitario o la Ley 55/2003 que fija los planes de ordenación de recursos humanos".

La ley mencionada por la Consejera fue aprobada por el PP a finales de 2003, la cual establecía la jubilación forzosa del personal estatutario (el de los servicios sanitarios públicos) a los 65 años. Aunque, también, dentro de la disposición se mencionaban excepciones: el interesado podría solicitar voluntariamente su permanencia en servicio activo, una prórroga. Esta se establecía hasta cumplir, como máximo, los 70 años de edad. Dicha opción podía ejecutarse siempre que quedase acreditado que reunía la capacidad funcional necesaria.

La normativa dejaba a criterio de los servicios de salud de cada comunidad autónoma el autorizar dicha moratoria en base a las necesidades de la comunidad autónoma.

Hubo comunidades que aplicaron esta reglamentación 55/2003, como Canarias y otras que lo hicieron a medias, como Cataluña, tras comprobar que algunos servicios quedaban vacíos. Otras de forma sencilla no la aplicaron.

Un detalle que todas las Comunidades evitaron mencionar fue el beneficio económico que les suponía dejar de pagar las nóminas a médicos con más de 30 años de carrera profesional, muchos de ellos jefes de servicio. Todas, sin embargo, prefirieron destacar ventajas, como el rejuvenecimiento de las plantillas médicas. La realidad es que se ahorraron un buen dinero al prescindir de los facultativos mejor pagados.

Sin embargo, en un colectivo tan amplio como el de los médicos y con tanta diversidad de intereses, y servicios, resultó natural que la medida fuera valorada de muy distintas maneras por unos profesionales u otros. Algunos acogieron esta medida con tranquilidad y aceptaron el hecho. Otros manifestaron su disconformidad con la decisión, e incluso apostaron por reclamar ante la justicia.

Además, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias eliminó la posibilidad de que los facultativos que en 2013 cumplieran 65 años pudieran acogerse a la ampliación, que se otorgaba después de cumplir con la serie de requisitos. La prórroga se le denegó a los facultativos que cumplían los 65 años durante 2013 y habían ejercido esa opción.

Los médicos españoles ya no son tan jóvenes, y Canarias, dentro de la media estatal se encuentra entre las comunidades donde un elevado número de profesionales médicos, la mayoría ligados a especialidades específicas, superan la barrera de los cincuenta años.

Un estudio del Ministerio de Sanidad, Oferta y necesidades de médicos especialistas 2008-2025, en el que participó Beatriz Gónzález, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y coautora del estudio, señalaba que un tercio de los facultativos del Sistema Nacional de Salud tenía entre 50 y 60 años, y de éstos un 10% sobrepasa los 60. Por lo que la jubilación masiva de profesionales que se espera en los próximos años supone una amenaza para la sostenibilidad del sistema.

Como consecuencia de las jubilaciones, aseguraba dicho estudio, se pueden agravar las necesidades de especialistas a partir de 2015 y, especialmente, a partir de 2025. Para entonces, el déficit podría ser de un 14% (22.000 profesionales) si no se toman las correspondientes medidas.

Los datos, extrapolados a Canarias, constatan que en los próximos tres años el Servicio Canario de Salud perderá 400 médicos, sólo el pasado año, ya se había jubilado a 172 profesionales de las siguientes especialidades: alergia, análisis clínico, anatomía patológica, anestesiología y reanimación, angiología, cirugía vascular, aparato digestivo, bioquímica clínica, cardiología, cirugía general y digestivo, maxilofacial, plástica y reparadora, cirugía pediátrica, torácica, citogenética, citología clínica, dermatología, hematología y hematoterapia, laboratorio, medicina intensiva, medicina interna, microbiología y parasitología, nefrología, neumología, neurocirugía, neurofisiología clínica, neurología, obstetricia y ginecología, oftalmología, otorrinolaringología, psiquiatría, pediatría, pulmón y corazón, radiodiagnóstico, reumatología, traumatología y cirugía ortopédica, urgencias, urología, medicina familiar y comunitaria, odontólogo, equipos y pediatras, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

El mes de marzo de 2013 arrojaba la cifra de 142 profesionales sanitarios forzados a jubilarse. Cuarenta de ellos pidieron medidas cautelares para la disposición de Sanidad. Todos consideraban que podían mantener su puesto de trabajo al menos dos años más, hasta los 67 años. Una opción válida hasta 2012 y que muchos valoraron ejecutar, pero se les denegó. Además, 46 facultativos con contrato de prórroga hasta los 70 años y afectados por la disposición, denunciaban a la Consejería por despido improcedente.

El resultado en estos últimos casos fue desigual. Un juzgado dio la razón para continuar en sus funciones, a dos de ellos. Otro partido judicial, sin embargo, falló a favor del SCS. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) aceptó los recursos presentados por el SCS contra las medidas cautelares adoptadas por los dos juzgados de Las Palmas que paralizaron las jubilaciones forzosas de los médicos Antonio Ocete y Ángel Trujillo.

Otra de las quejas ha sido el medio para comunicarles su nueva situación laboral. A través de una comunicación el mismo día de cumplir 65 años. La Dirección General de Recursos Humanos les remitía el siguiente texto: "Hoy cesa en sus funciones para el SCS, para mayor información diríjase a la Seguridad Social". Una notificación aséptica, y sin opciones para la prórroga.

Marcos Gómez Sancho, presidente de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial (OCM) y ex jefe del servicio de Cuidados Paliativos del Negrín, calificó esta medida como "humillante". El facultativo confirmaba que se hizo de una manera deshonrosa e inmoral. Añadía que sus 40 años en el hospital Doctor Negrín sólo le acabaron valiendo para ser despedido "a través de un papelito que me dio una funcionaria".

Gran parte los facultativos concluían que todo se hizo por criterios económicos, para ahorrar dinero. Asimismo, lamentaron que primaria este concepto por encima de los años de conocimiento, experiencia y su trato con los pacientes.