Ines Rojas achacó a un error de comunicación y burocrático las críticas y denuncias hechas hacia su departamento por parte de la Defensora del Pueblo. La consejera manifiestó que "no sólo se contesta a sus demandas sino que es una obligación, no sólo a los requerimientos de éste organismo, sino a cualquier administración que nos reclame alguna instancia". E insistió que en ningún momento se dejó de responder cualquier demanda que viene de organismos públicos estatales. La consejera hizo estas declaraciones durante su visita a las instalaciones de la Asociacion Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual (Aprosu), para conocer las mejoras realizadas para el disfrute de sus usuarios.

La consejera de Políticas Sociales señaló que "se le contestó en su momento, al igual que otro centenar de cuestiones previas. El problema es que la respuesta no era satisfactoria para la señora Becerril, con lo cual nos llevaba a nuevas cuestiones que también se respondieron y así sucesivamente, hasta que de alguna manera se cortó la comuinicación".

Y añadió Rojas que "cada año se nos entrega de manera previa el documento, antes de su publicación y en esta ocasión no. Y de haberlo sabido se le hubiera enviado la resolución a las dos interrogantes, que refleja el texto. Sin embargo, no llegó a nuestro conocimiento esta ausencia de respuesta. A pesar de lo cual se le responderá, porque nunca hubo motivo para no contestar, otra cosa es que la respuesta no guste".

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