La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Ministerio de Economía acordaron divulgar las deducciones previstas en las Islas en el Régimen Económico y Fiscal (REF) y la Reserva de Inversiones (RIC) para las inversiones en investigación e innovación tecnológica, informa Efe.
El rector José Regidor, y el subdirector general de Fomento de la Innovación Empresarial de la Secretaría de Estado de I+D+i, Luis Cueto Álvarez firmaron un acuerdo para la puesta en marcha de iniciativas que generen seguridad jurídica a los proyectos de colaboración público-privada en actividades de investigación, desarrollo e innovación. El acuerdo incluye que ambas partes divulgarán las singularidades del REF referidas a la deducción fiscal por actividades de I+D e innovación tecnológica, así como la utilización de la RIC para estas actividades.
La ULPGC, para ello, elaborará un documento que explicará las singularidades fiscales del Archipiélago, que será remitido a la Dirección General de Innovación y Competitividad para su consideración.
Este trabajo se divulgará a través de la web del Ministerio en el enlace de Deducciones fiscales por actividades de I+D+i y de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que depende de Economía y Competitividad.
Las actuaciones de la entidad académica podrán ser desarrolladas por sus servicios propios de gestión de la investigación o con la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC.
Cueto Álvarez recordó que la Dirección General de Innovación y Competitividad es el órgano al que le corresponde, entre otros temas, impulsar, difundir y orientar la actividad innovadora en todos los sectores económicos.
El Ministerio y la ULPGC defienden que la innovación tiene un papel clave para el impulso de la competitividad empresarial y del crecimiento socioeconómico de cualquier país o región, y subrayan que el ahorro fiscal asociado a las actividades de I+D en España es muy relevante.
A este respecto, el REF presenta un régimen singular de las deducciones de I+D+i, que permite dos alternativas fiscales, por un lado, la aplicación de la deducción de I+D+i de acuerdo con el marco normativo estatal, pero con un ahorro fiscal superior, y adicionalmente, acogerse a la exención de la RIC.
Regidor ha reconocido que estos incentivos no están siendo aplicados con profusión y no cuentan con la participación de las universidades entre otras causas, por la falta de seguridad jurídica relativa al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos exigidos.
