La jueza María Esperanza Ramírez Eugenio, de 46 años, participó ayer en las jornadas 'Mediación: cultura de la paz', organizadas por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento capitalino y el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Como titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, Ramírez ayuda desde 2013 a resolver conflictos entre la administración y la ciudadanía por la mediación, una inusual vía jurídica para alcanzar un acuerdo.

Aún se desconoce la mediación como instrumento jurídico para resolver conflictos. ¿En qué consiste?

Es una forma de solucionar un conflicto distinta de la fórmula tradicional que es acudir al juzgado, donde un juez diga quién de los dos tiene la razón. La mediación es distinta: aquí hay un tercero que no es un arbitraje, sino que se sienta con las partes y que las ayuda a llegar a un acuerdo. Pero el objetivo es el mismo de la actuación judicial: resolver el conflicto.

¿En qué forma la convivencia social se puede beneficiar?

Principalmente creo que es salir de todo lo que es el aparato judicial, que por mucho que queramos ir rápido, ser eficaces, tenemos una serie de límites. Hay diferencia entre solucionar un problema en el juzgado y solucionarlo a través de la mediación. En el caso de Pancho Guerra, en uno tardó siete años y en el otro tardó dos meses, lo conozco porque fue el que se llevó en el juzgado [de lo contencioso]. Todo era algo impensable por los plazos y normas procesales a las que uno debe someterse en los juzgados, pues hace que todo sea más lento. El ciudadano se ve obligado muchas veces a acudir en varias ocasiones al juzgado, a vistas, costes de letrados, de la sentencia, de que después cabe la posibilidad de un recurso, y eso es un desgaste personal y económico, que obviamente con una mediación pues igual puede minimizarse.

Usted pone una imagen muy ilustrativa de la mediación: el elefante, que es la administración, y la hormiga, el ciudadano. ¿Qué puede ganar el elefante?

Si leemos la Constitución, nos damos cuenta de que la administración pública, entre otras cosas, tiene que ser eficaz en su actuación, y esa eficacia puede ser el motor para que la administración se avenga a llevar a cabo la mediación. Las cantidades que en muchas ocasiones ésta paga en concepto de intereses, de demoras en el pago, son enormes. Si la administración se sienta a negociar, cabe la posibilidad de que obtenga una rebaja. Mientras más conciencia social haya de que el dinero que mueve la administración es un dinero de todos y de que la actuación eficaz es evitar un gasto innecesario, obviamente ahí el elefante empieza a hacerse más chiquito o la hormiga más grande. Hay que cambiar la cultura que tiene la administración de "bueno, no importa, si tengo que pagar las costas, las pago". Ella no es un ente abstracto, sino el conjunto de una ciudadanía a la que sí le importa que el coste sea mayor. Al principio me encontraba con que mandaba la providencia a la administración y me decía que no. Sin embargo, desde hace un tiempo para acá, ha habido una evolución de "vamos a intentarlo al menos", y eso ya es un paso de gigante.

¿Los mediadores tienen que ser abogados?

No, no tienen por qué, sino personas que conozcan cómo funciona la administración, gente jubilada que ha puesto a nuestro servicio sus conocimientos acumulados de muchos años dentro de la administración, para fijar bien el acuerdo al que se llegue y poderlo homologar judicialmente después. Aquí no llegas a un acuerdo y ya está. Antes tiene que haberse aceptado por el órgano competente de la administración con competencia para adoptar un acuerdo en esa materia, y además si es un acuerdo de pago de dinero, obviamente tiene que haber una dotación presupuestaria. Es mucho más complejo. Si yo no tengo a una persona que como mediador conozca todo eso, estoy ofreciendo una quimera.

¿También es clave que los jueces escojan los asuntos de forma adecuada?

Sí, es fundamental. Sobre todo en la jurisdicción contencioso-administrativa, que es un mundo especial, donde la actuación de un juez no es la misma que en otras jurisdicciones, porque nos encargamos de revisar la actuación de la administración, hay cosas que no podemos llevar a mediación, como la legalidad o ilegalidad de una licencia. Otras excepciones donde no se puede aplicar son los derechos fundamentales, materia electoral y disposiciones generales.

¿En qué materias de lo contencioso-administrativo se puede emplear este instrumento?

Las dos primordiales son la responsabilidad patrimonial de la administración y la materia de contratación, aunque también en materia de ejecución de sentencias cabe la posibilidad de un acuerdo sobre las fórmulas de pago.

¿Cuáles son los principios que deben regir la mediación?

Voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad. Para mí éste es el más importante, que las partes tengan la tranquilidad de que, aunque estén fuera del ámbito judicial, esa negociación no llega a ningún lado. Por supuesto la voluntariedad, eso es obvio, lo primero hay que querer negociar. En la imparcialidad, las partes tienen que tener el mismo tamaño, y la neutralidad del mediador, que de ninguna manera debe pertenecer o haber pertenecido a ninguna de las partes.

¿Quién y cuándo se puede iniciar la negociación?

De oficio por parte del juez, o bien las partes acudiendo al juzgado número 2 y 3, sólo nosotros dos llevamos mediación, en principio el resto no están autorizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se inicia desde el momento en que el proceso está judicializado, que entra en el juzgado, y la puedes iniciar en cualquier fase, antes y después de la sentencia. Es una mediación intrajudicial, lo que intentas es sacarlo del ámbito judicial y llevarlo al ámbito de la negociación.

¿En qué año se inició la mediación en Canarias?

En 2013 a través de un protocolo firmado por el CGPJ, el Gobierno de Canarias y la Fundación Valsaín, y a partir de ahí, es donde se ha desarrollado. No existen más que dos juzgados en toda España que lleven mediación en lo contencioso-administrativo, el número dos y tres de Las Palmas de Gran Canaria. Siempre parece que encontramos los pioneros en Madrid, Cataluña, pero por una vez nos han elegido. No tengo ni idea del motivo. Me llamaron, me ofrecieron la posibilidad de actuar como juez de mediación en un proyecto piloto y esta es la experiencia que tenemos. Con más o menos aciertos, somos los que de alguna manera estamos intentando introducir esto y ver qué alcance tiene. Hay que tener paciencia.