Diez sacerdotes, tres de ellos oficialmente suspendidos "a divinis", y dos seglares constituyen el grupo investigado por las autoridades judiciales y por la Doctrina de la Fe, como presuntos autores o encubridores de abusos sexuales en la persona de, al menos, un niño de 12 años que hoy ya es un joven de 24. En el se centraría el origen de la causa judicial pero, en el transcurso de las pesquisas, se especula con que al menos habría otras cuatro víctimas.

Al parecer, según publicaban ayer varios medios, el grupo, denominado Los Romanones, en alusión al nombre del sacerdote líder, cuyas iniciales son R. M. V., cometían los abusos en varias casas que había heredado de una anciana farmacéutica de Órgiva (Granada). Las informaciones apuntan a cuatro curas presuntos culpables del delito y el resto actuaría como encubridor. Uno de los apartados era juez del Tribunal Eclesiástico de Granada.

La Fiscalía de Granada, encargada del caso, advirtió ayer sobre las negativas consecuencias del quebrantamiento del secreto de sumario decretado, ya que ciertas filtraciones "han comprometido gravemente" la instrucción. Los posibles autores de los hechos podrían haber ocultado pruebas al sentirse investigados.

La víctima, monaguillo de una de las parroquias de los presuntos autores, comenzó a sufrir los abusos a los 12 años y se mantuvieron en el tiempo hasta los 18, en que abandonó la parroquia. Hace un tiempo decidió enviar una carta al papa Francisco relatándole su dolorosa experiencia. El pasado verano, el joven recibió una llamada del Santo Padre para pedirle perdón en nombre de la Iglesia y decirle que ya había personas investigando lo sucedido. Fueron estas llamadas las que activaron la denuncia judicial de la víctima, ante la sospecha fundada de que este grupo de sacerdotes continuaba cometiendo abusos en otros niños, a los que captaba como monaguillos.

Según informaba ayer Religión Digital, Francisco, que lideró desde el principio una actuación encaminada a recabar toda la información para que los supuestos culpables fueran sancionados canónicamente y juzgados por las autoridades competentes, encargó a un grupo de expertos de la Congregación para la Doctrina de la Fe una investigación que finalizó con las ya citadas sanciones a tres de los supuestos culpables. Una segunda llamada telefónica del Papa al joven, hizo que Francisco, tal vez no demasiado satisfecho con el resultado, reactivara la investigación y nombrara a un sacerdote español, adscrito a Doctrina de la Fe, director de las mismas. Hasta la fecha, y siempre tomando declaración con un notario dando fe de lo firmado, se ha entrevistado a la víctima -de nombre Daniel-, a sus familiares, algunos testigos, los dos jueces del Tribunal Eclesiástico de Valencia que interrogaron a la víctima por orden del arzobispo de Granada y, al menos, a otras cuatro víctimas.

La gestión del caso ha llegado a poner en entredicho desde algunos ámbitos eclesiásticos la labor al frente de la Archidiócesis de Granada de Francisco Javier Martínez, quien ha insistido en que actuó de inmediato tras dar verosimilitud a los hechos denunciados. Algunos miembros de la Conferencia Episcopal han llamado al joven para pedirle disculpas por el hecho de que la institución, a través de su portavoz, José María Gil Tamayo, incidiera el pasado viernes en su condición de "presunta víctima", decía ayer Religión Digital.