La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) acordó ayer por amplia mayoría una moratoria de dos cursos para aplicar la reforma que flexibiliza la duración de las carreras, aprobada el viernes por el Gobierno, de forma que no implantarían grados de tres años antes de 2017-2018.

Las universidades tomaron ese acuerdo reunidas en asamblea general extraordinaria por 57 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, la mayoría de los campus privados, según fuentes universitarias. El sistema de universidades español incluye a 82 centros, de los que 50 son de titularidad pública y 32 privada.

Tras esa asamblea, el presidente de la CRUE, Manuel López, reconoció que el real decreto de reforma no pone plazos para implantarlo y que por eso mismo se han planteado esta moratoria. López recordó que hace poco tiempo que se implantó el sistema de grados de cuatro años y no ha sido evaluado suficientemente todavía. Respecto al ahorro de 150 millones de euros que, según el ministro José Ignacio Wert, supondría para las familias pasar del modelo general actual de grados de cuatro años a otro de tres, apuntó que si ese es el dato, el ahorro en gasto público en el sistema universitario español, que es cinco o seis veces superior a esa cantidad, sería de 750 o 900 millones.

"Los grados de tres o cuatro años no es cuestión de ahorro, sino de calidad académica y de necesidad de formación de los estudiantes, de la empleabilidad, del tiempo que dedican a prácticas externas", dijo.

Por su parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) coincidió ayer con los rectores en la necesidad de una moratoria y abogaron por impulsar un foro estatal de política universitaria para "minimizar los efectos perjudiciales" de la nueva regulación".

Al respecto, representantes estudiantiles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) coincidieron ayer en el rechazo al nuevo decreto, pues "beneficiará" claramente a las universidades privadas, según Francisco Suárez, miembro del Claustro y alumno de Telecomunicación. "No es lógico implantar Bolonia y ahora descafeinar toda la tarea de adaptación de estos años".

Para Eduardo Niz, de Ciencias Jurídicas y claustral "es un disparate recortar aún más los grados. Ya cuatro años resulta poco tiempo para ver algunas asignaturas. Además, incidirá en el abandono" por la carestía de los estudios.

Alba Oramas, claustral y miembro de la Comisión de Gobierno por la Asociación Canaria de Estudiantes Progresistas (ACEP), apunta a la "confusión" que aportará al mercado laboral la competencia entre titulados de 3 y 4 años. Y Heriberto Rodríguez, claustral y coordinador de ACEP indicó que esta semana se pedirá a la ULPGC el rechazo público al decreto.