Canarias no modificará la duración de los grados universitarios el próximo curso. La decisión de aplicar el real decreto que reordena la enseñanza universitaria se aplaza hasta el curso 2017- 2018, una vez se haya establecido el actual sistema, como ya han hecho otras comunidades autónomas.
La decisión fue acordada ayer en una reunión extraordinaria del Consejo Universitario de Canarias mantenida entre el consejero de Educación, José Miguel Pérez (PSOE), y los dos rectores de las universidades, José Regidor, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y Eduardo Doménech, de la Universidad de La Laguna (ULL).
Los tres se mostraron contrarios a aplicar el próximo curso la reforma del ministro de Educación, José Ignacio Wert (PP) que deja en manos de los campus la duración de las carreras, de manera que los rectores podrán decidir si establecen grados de cuatro años y másteres de uno (4+1), como hasta ahora, o grados de tres años y másteres de dos (3+2).
"A algunos les resultará útil que la universidad se convierta en un negocio, pero al conjunto del sistema universitario no le viene bien, no le viene bien en el terreno de rigor académico y no le viene bien al conjunto de la prestación del servicio que debe dar", aseguró ayer José Miguel Pérez, después de la reunión.
Con estas palabras Pérez hizo referencia al sobrecoste que conlleva esta reorganización de la enseñanza universitaria porque los créditos de los másteres son más caros que los de los grados.
El consejero de Educación defendió ayer que lo mejor es seguir las indicaciones de la Conferencia de Rectores Universitarios y aplazar los efectos del real decreto hasta que "se analicen con todo rigor cuáles son los resultados del actual sistema y por supuesto las consecuencias en cada lugar".
Tanto el consejero como los dos rectores mostraron su disconformidad sobre que cada universidad pueda elegir la duración de los grados. "No parece aconsejable que el mapa de las universidades españolas se convierta en un mosaico sin sentido", añadió Pérez que criticó que "por enésima vez el ministro Wert vuelve a crear un problema donde no lo había".
Por su parte, José Regidor, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), quiso centrar el debate en la calidad de la enseñanza. "La ruptura del sistema español de universidades sería una situación grave que fragmentaría la movilidad de los estudiantes. Hay universidades que quieren el 3+2 porque ganan más, pero lo que debemos valorar es si el cambio favorece o no la calidad".
Regidor explicó que no es cierto que en Europa todas la universidades apuesten por el 3+2, como ha señalado el ministro, y que incluso hay algunas que quieren cambiar al 4+1, por lo que " es un momentos absolutamente inapropiado, es poco afortunado sacar un decreto en este momento".
El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Eduardo Doménech, insistió en la idea de que no se va a producir ningún cambio hasta 2017. "Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad universitaria. Es un año electoral y vamos a ver qué nos depara el futuro", aseveró. "El sistema debe ser lo más homogéneo. En el futuro alguna titulación podrá ser de tres años, pero será decidido por todas las universidades", aclaró el rector de la ULL.
Doménech puso el ejemplo de un empresario que a la hora de decidirse por dos titulados posiblemente acabe eligiendo al que tenga más años de formación. La diferencia actual entre estas dos opciones (3+2 y 4+1), según el rector de la ULL, sería pagar entre 2.000 y 3.000 euros más.
Los rectores explicaron que la mayoría de las universidades de las comunidades autónomas españolas están de acuerdo con esta moratoria, exceptuando algunas del centro de España.
