Las comunidades tendrán que devolver, "con los intereses de demora correspondientes", la parte de la financiación recibida para implantar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que no puedan justificar con gastos.
Así consta en los convenios que el Ministerio de Educación firma con las autonomías para articular la financiación por parte de la administración central y la cofinanciación procedente del Fondo Social Europeo (FSE) para la implantación de las nuevas enseñanzas de FP Básica e itinerarios de tercero y cuatro de ESO.
La autonomía "se obliga a justificar y declarar" los gastos de la reforma educativa "dentro de los tres años siguientes" a aquel en que recibió el libramiento de fondos del Ministerio de Educación, según se puede leer en los convenios de Murcia y Navarra, que hoy publica el BOE.
"Finalizado este plazo -se precisa- sin que la comunidad autónoma haya presentado declaraciones de gastos por una cuantía equivalente a la percibida, deberá devolver la parte no justificada, con los intereses de demora correspondientes por el tiempo que esta cuantía ha estado a su disposición".
