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Canarias se opone a "penalizar al enfermo" con el copago de fármacos

La Consejería de Sanidad advierte de que esta medida puede llevar a los pacientes a abandonar el tratamiento prescrito

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se mostró ayer en contra del copago farmacéutico porque "penaliza al enfermo, pero más aún al enfermo crónico", entre otras consecuencias negativas. Fuentes de la consejería realizaron estas declaraciones a raíz de la publicación ayer en este periódico de que unos 200.000 canarios abandonan su tratamiento porque no pueden costeárselo.

Estos datos corresponden a la encuesta del último Barómetro Sanitario, elaborado por el Ministerio de Sanidad y que sitúa a Canarias en el segundo lugar de las comunidades autónomas españolas más afectadas por el copago farmacéutico, puesto en marcha en el año 2012, a través de un real decreto aprobado por el Gobierno de España.

La Consejería de Sanidad recordó ayer que siempre se "ha mostrado claramente contraria" a este real decreto, en especial en lo referente "al copago de medicamentos por parte de los pensionistas". La razón fundamental para oponerse a esta medida es que "puede favorecer el abandono del tratamiento por parte de los pacientes, lo que lleva a medio plazo a un empeoramiento del nivel de la salud".

Esto conlleva, según Sanidad, mayores ingresos hospitalarios y mayor gasto sanitario, que "es lo que el real decreto intentaba contener". Por todo ello, "hemos estado, estamos y estaremos siempre rotundamente en contra del denominado copago sanitario por entenderlo socialmente injusto".

Del Barómetro Sanitario, correspondiente al año 2013, se desprende además que, en general, los isleños no están de acuerdo con la modificación por el nivel de renta del pago de los medicamentos, no consideran que esta medida proteja a los grupos desfavorecidos y consideran que se debería incluir más tramos de renta.

En este sentido, la consejería alegó ayer que se ven más afectadas las personas con rentas más bajas y que la medida puede disminuir la adherencia de algunos pacientes a tratamientos a largo plazo y, por tanto, tener efectos negativos que pueden traducirse en situaciones de urgencia o en situaciones que precisen hospitalizaciones.

Sólo Valencia (con un 10,4%) se sitúa por delante de Canarias (9,9 %) en población que deja de tomar medicinas porque no pueden pagarlas. Detrás del Archipiélago se encuentran Baleares (5,9%), Castilla La Mancha (5,7%) y Andalucía (5,5%).

A raíz de esta medida del Gobierno de España los usuarios del sistema sanitario deben pagar los medicamentos en proporción a su renta anual, con un tope del 60% para los sueldos más altos y con un límite mensual establecido para todos los casos. La Consejería de Sanidad recordó que su postura ante el Gobierno de España fue entonces que en vez de gravar a los enfermos para recortar gastos que se exigiera a las comunidades implementar la receta electrónica "con el consiguiente ahorro", como sí hizo el Archipiélago.

Asimismo, las mismas fuentes insistieron en que en Canarias, dentro de los márgenes del real decreto "se han dictado normas tendentes a ampliar esta cobertura".

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