¿Hay independencia en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?
La obligación del Consejo y su primer compromiso es reforzar la independencia del Poder Judicial, que es la independencia del juez. Pero yo además defino la independencia del Poder Judicial como un derecho de los ciudadanos, porque si algo es una garantía, y sobre todo en los tiempos que corren, de defensa, de tutela de los derechos fundamentales, es un Poder Judicial realmente independiente.
Las asociaciones de jueces quieren elegir a sus propios representantes...
Sí, pero nuestro modelo constitucional deja claramente establecido que el Consejo, de manera expresa, una parte ya tiene que ser elegida por el Parlamento y la otra como decida la Ley. Y la Ley, desde 1985, ha decidido que los miembros son elegidos por el Parlamento. ¿Por qué? Porque aquí hemos ido a un modelo de un órgano que no es Poder Ejecutivo, gobierna la realidad judicial pero no está al margen del principio general, que es la soberanía que reside en el pueblo español. Ésa es la razón por la que se ha estimado que, siendo un órgano autónomo en su funcionamiento, sea elegido por el Parlamento. Pero el Parlamento además lo elige con una mayoría muy cualificada. Yo siempre digo que para mí fue un honor tener una votación del 95% de los diputados de la cámara. Yo entré como jurista. Nosotros tuvimos que pasar una comparencia ante el Parlamento y nos pidió que no politizáramos el órgano, que lo prestigiáramos.
Muchas de las leyes reformistas de Gallardón, como la de Tasas Judiciales, la reforma del registro civil o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, han muerto en la orilla...
Yo lo que vengo detectando en España, desde que aprobamos la Constitución, es que, aunque se avanzó mucho en leyes, en derechos, y a pesar de que se hicieron esfuerzos en la modernización de la justicia, nunca hubo una política de Estado de la Justicia, no ha habido una auténtica prioridad de la justicia. Hoy la Justicia necesita un auténtico pacto de Estado. Para que no fracasen los gobiernos, para que acierten, tienen que escuchar el clamor de la sociedad, no sólo de los ciudadanos, sino de las organizaciones profesionales, de las asociaciones judiciales, escuchar y ver bien cuáles son las reales necesidades, y asumir un compromiso, lo que yo llamaría un auténtico plan de choque por la Justicia, y ese plan lo que necesitan son buenas leyes, una reforma importante en el ámbito del Derecho Procesal, por ejemplo en el ámbito procesal penal, hace falta que el Ministerio Fiscal pase a ser el instructor, hay que hacer un esfuerzo mayor por la administración electrónica de la Justicia, por todo lo que es la informatización, hay que intensificar la política de medios y de inversiones en la Justicia. En España tenemos en estos momentos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, una de las medias más bajas de toda Europa.
El ministro Catalá quiere sancionar a los medios que filtren sumarios...
Yo creo que la libertad de expresión hay que defenderla. El Derecho Penal es la última ratio y no es la mejor solución. No fue precisamente una de sus afirmaciones más acertadas.
Alguien dijo que la calidad de una democracia se mide también por el número de jueces que procesa, una cifra muy baja en España...
Tenemos una de las judicaturas más brillantes y de calidad del mundo. Muy formada, que además está haciendo un sacrificio extraordinario con su trabajo, con un nivel altísimo de resolución judicial y dedicación profesional. Y sobre todo tienen una gran cualificación. En segundo lugar, es una judicatura ejemplar, no hay más expedientes porque no existen episodios de corrupción en el ámbito del Poder Judicial.
¿A qué achaca la mala imagen de jueces y fiscales entre los ciudadanos?
Yo no creo que sean los que peor imagen tienen, si analizas las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Tienen un nivel de reconocimiento social importante. Lo que tiene desprestigio no es el juez, es la organización de la justicia.
Susana Díaz propuso crear oficinas contra la corrupción, pero para eso están ya los juzgados, ¿no?
En España tenemos 1.661 asuntos que son temas complejos vinculados a corrupción, y de ellos casi 600 son macrocausas, temas de una gran complejidad y el juez está muy solo para hacerles frente a pesar de sus conocimientos, y eso explica en ocasiones el gran retraso en la solución o en que la pena esté lo más cerca posible de la culpa. Nosotros hemos decidido crear una unidad de apoyo de forma que cualquier juez español que tenga un problema o una dificultad y tenga en sus manos un juicio importante le podamos reforzar si lo solicita, ayudar técnicamente, y si ha requerido a las administraciones informes y medios y no se le conceden, que lo denuncie que nosotros exigiríamos esa solución. Tenemos un gran compromiso de apoyo a los jueces en la lucha contra esa corrupción.
Parece que el Supremo no quiere más macrocausas, sobre todo después de llevar un año para resolver Malaya. ¿Qué supuso Malaya?
Lo que hay que poner de manifiesto es que hubo una gran capacidad de organización por parte del Poder Judicial, y ha habido un buen trabajo de organización por parte de la Sala de Gobierno del TSJA, y eso sí lo quiero resaltar. Nosotros creemos que, en la medida en que se puedan evitar grandes causas, parcelar, hay que intentar parcelarlas.
¿Qué nos queda por hacer en la lucha contra la corrupción?
Para empezar yo creo que hay una gran conciencia social en la lucha contra la corrupción, y eso es muy importante, además hay que tener muy en cuenta que detrás de la corrupción a veces hay crimen organizado y, sobre todo, un ataque al Estado. La obligación que tenemos los poderes es reforzar la Justicia, un refuerzo de su independencia, como instrumento y como palanca, es la mejor manera de hacer frente a la corrupción.
¿Le gusta el partido judicial uniprovincial?
Me gusta que haya una nueva Ley de Demarcación y Planta, yo en concreto he sostenido que hay que hacer un nuevo mapa de la justicia, y defiendo los tribunales de instancia, pero no su ámbito provincial. Defiendo un planteamiento territorial más realista. Pero en todo caso tenemos un número excesivo de partidos judiciales en España. Eso genera que el 43% de nuestros jueces y juezas tienen una carga del 180% por encima de la media. Una sobrecarga brutal. En cambio, el 30% de los jueces están por debajo del 50% de carga de trabajo. La culpa no es de ellos sino del ámbito territorial que tienen que servir. Hay zonas que tienen más demanda y otras con menos.
Hay quien ha visto un símbolo en que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato haya sido esposado. Se ha comentado que, hoy sí, se investiga a cualquier persona...
Es verdad. La Justicia no hace distinciones. Creo que tenemos una justicia modélica en ese sentido y hoy sí podemos decir que los ciudadanos son iguales ante la ley.
