"Se puede estar poniendo en peligro la vida de personas y puede haber un delito de denegación de auxilio". José Antonio Betes, especialista en derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente en Canarias, alerta de la gravedad de la situación de las listas de espera en las Islas y sus posibles consecuencias jurídicas para la Administración, muy especialmente en casos de patologías que suponen una grave erosión de la salud para quien las padece.
Para este jurista, "una cosa es una demora lógica, porque es evidente que no se puede dar atención ipso facto a todo lo que precisan los pacientes, y otra muy distinta es que se superen los plazos máximos de espera".
Betes comenta un caso dramático, del que ha tenido conocimiento El Defensor del Paciente: "Hay casos sangrantes, de cosas que no pueden esperar y superan incluso lo dispuesto en la orden emitida por la propia Consejería respecto a los plazos máximos de espera. Tenemos un señor con un cáncer, al que le han dado un plazo de seis meses para hacerle una prueba que quizá después habrá que reiterar. Veremos si se la llegan a hacer, a lo mejor llega ese día y la suspenden. Cuando vaya a recibir el tratamiento igual ya no está entre nosotros".
Esta asociación tiene implantación en toda España, por lo que está en disposición de contextualizar los datos canarios en el entorno de una sanidad española que acusa severos problemas con las listas de espera. "A nivel nacional, las listas de espera son desastrosas en España, pero estamos destacados en el ranking, superando la media nacional. Tenemos el récord a pesar de ser una comunidad con menos población que otras como Andalucía".
La situación es muy difícil para los pacientes que se ven atrapados en ella. Alguien que está esperando por una prueba o intervención, aunque esta espera se dilate en demasía, teme hacer una denuncia pública de su situación por las consecuencias negativas que pudiera traer. "Las personas afectadas tienen miedo a hacer públicas sus quejas de modo individual y resultar perjudicadas. Por eso nosotros lo hacemos, porque los propios afectados tienen miedo", añade el jurista, que se encuentra con esta dificultad incluso para el caso de personas que ya han pasado la intervención, "porque tienen familiares y miedo a que las represalias recaigan sobre ellos.
Consulta al fiscal
A finales del pasado mes de julio esta asociación se dirigió al fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, para que investigara si del nivel que habían alcanzado entonces las listas de espera sanitarias en el Archipiélago se podía derivar algún tipo de responsabilidad penal para el Gobierno regional.
El colectivo sostenía entonces que las autoridades de Canarias son conscientes de "los riesgos para la salud y la vida de las personas que conllevan las listas de espera" y opinaba que el hecho de que el Gobierno autonómico no haya aprobado medidas para "terminar con esta situación" agrava lo ocurrido.
En el escrito que dirigieron a la Fiscalía, la asociación se quejaba de que el Gobierno de Canarias no respondía a sus peticiones y "hace caso omiso a las de los propios afectados" e "impide" que los pacientes ejerzan sus derechos, porque se exponen a "perder la vida o la perdida de oportunidad de sanar".
"Los efectos adversos de las listas de espera son conocidos sobradamente por los denunciados o, si no los conocen, estarían incurriendo en una dejación de funciones en el cargo para el que han sido elegidos", alegaba el escrito de la asociación, que sostenía que entonces relataba podían ser constitutivos de un delito contra la salud pública, del que hacía responsable al presidente al consejero regional de Sanidad, Jesús Morera, y al presidente Fernando Clavijo. Según explicaba ayer Betes, a día de hoy no han recibido respuesta del Garrido, a pesar de que han transcurrido más de seis meses.
En su informe correspondiente al año 2016, El Defensor del Paciente no se muestra demasiado optimista y señala que "la lista de espera sanitaria en Canarias parece que tiene difícil solución mientras que no existan mejoras económicas para contratar trabajadores o generar programas especiales que mejoren el rendimiento. La falta de transparencia para publicar sus datos de forma regular ha sido la tónica general".
Al poner los datos canarios en contexto con los del resto de comunidades autónomas españolas, esta asociación expresa que "lo ideal sería que los servicios sanitarios de las diferentes comunidades autónomas contaran con un plan integral que ofrezca un abordaje multidisciplinar y realice un examen de los factores que intervienen en su aparición. Mientras que no sea así, el problema será perenne en el tiempo
Como especialista en derecho sanitario, Betes sabe bien lo que es pleitear contra la administración sanitaria y ganar. El pasado junio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria condenaba al Servicio Canario de Salud (SCS) para que indemnizara a los herederos de un varón de 73 años de edad fallecido en un quirófano del Hospital Insular de Gran Canaria, defendidos por este jurista. La cuantía que recogía la sentencia era de 6.000 euros y el argumento que motivó la resolución es que no se había informado debidamente de los riesgos que acarreaba la operación quirúrgica, acaecida en 2013.
