El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) ha realizado un estudio de 37 escuelas rurales y centros incompletos de Gran Canaria sobre un total de 53, es decir, un 70% de las existentes en la Isla y el 21% en educación infantil y primaria. La consideración de escuela unitaria o centro incompleto se relaciona con el número de unidades (aulas) existentes en cada colegio, entre 1 y 4 en el primero caso y de 5 a 8 en el segundo.
"Este tipo de enseñanza desempeña una labor fundamental como eje vertebrador en la conservación del medio rural", valoraron desde el STEC antes de considerar "altamente contrastada su valía como modelo educativo diferenciador" al ofrecer espacios propicios para el desarrollo de experiencias inclusivas e integradoras, "en oposición frontal al modelo de hacinamiento del alumnado en macrocentros" que la Consejería de Educación, con su política de recortes, pretende consolidar con carácter exclusivo".
El estudio del STEC-IC evidencia "la alarmante política de desmantelamiento y cierre de este tipo de centros" ejecutada por la Consejería de Educación y Universidades del Ejecutivo autonómico, ya que desaparecieron durante los últimos 15 años del 64% de las escuelas unitarias y centros incompletos existentes en la Isla.
Además, las mismas fuentes sindicales advirtieron del cierre de cuatro centros de este ámbito para el curso 2017/18: El Rincón, El Pedrazo, Cazadores y El Cortijo de San Gregorio, aunque el último colegio no pertenece al colectivo de escuelas rurales ni centros incompletos pero desempeña una labor educativa integrada en su contexto social, con un claustro comprometido en ofrecer contenidos curriculares adecuados al entorno y al alumnado hasta este curso matriculado en dicho centro.
El 20% de los centros se siente "constantemente amenazados con el cierre" desde el departamento dirigido por Soledad Monzón, según añadió este jueves una nota de prensa del STEC, que admite que estas escuelas no son ajenas a la dinámica general de descenso de natalidad y, por tanto, de matrículas escolares.
"Sin embargo y pese a ello, se confirman como una opción válida y valorada por la ciudadanía para la escolarización de sus hijos. Baste decir que el 83% de las escuelas unitarias cumplen sobradamente con los requisitos respecto al nivel de matriculaciones requeridos por el Acuerdo Marco de Escuelas Rurales de Canarias suscrito en 2014", detallaron las mismas fuentes.
El 90% de las escuelas rurales garantiza durante el curso 2017/18 las matriculaciones necesarias de alumnado para mantener su entidad jurídica, por lo que la demanda y aceptación social resulta evidente para el STEC; mientras que el porcenteja desciende al 62% en los centros incompletos, aunque también cumplen con el umbral mínimo exigido según la normativa actual a falta de incluir la matrícula sobrevenida.
Sin embargo, mientras las escuelas rurales están reconocidas y protegidas por el artículo 56 de la Ley Canaria de Educación y por el Acuerdo Marco de Escuelas Rurales, según el STEC, "no es menos cierto que los centros incompletos no cuentan con un marco jurídico específico que contemple sus peculiaridades, lo que se traduce en una inadecuada concesión de recursos, personal y falta de atención para el correcto desarrollo de la actividad educativa".
A pesar de la demanda histórica de acogida temprana del alumnado, transporte escolar, comedor o refuerzo educativo, el 55% de los centros incompletos solo presenta uno o ningún servicio complementario que contribuya a mejorar la calidad del servicio que se puede ofrecer a la comunidad.
"La pertinaz negativa de la Consejería de Educación en cuanto a acceder a la dotación de este tipo de servicios complementarios a las escuelas rurales y centros incompletos de Gran Canaria, viene a corroborar el claro objetivo de vaciar los mismos de alumnado para justificar su posterior cierre", denunció el sindicato nacionalista.
Del estudio realizado se desprende que las principales demandas planteadas por los centros giran en torno a la insuficiente atención a las necesidades educativas especiales, la falta de personal docente y no docente, la falta de mantenimiento y la insuficiente infraestructura educativa para el desarrollo de la actividad cotidiana.
El 60 % de los centros encuestados demandan con urgencia la necesidad de ser dotados con auxiliares administrativos, resultando evidente que la diversidad de carga burocrática que padecen estos centros, aunque su volumen sea inferior, es bastante similar a la de un centro completo, argumentaron desde el STEC antes de insistir en solicitar transporte, comedor y actividades extraescolares.
Para el STEC-IC, "en función de los datos constatados en este estudio, es un hecho evidente que para esta Consejería la prioridad no es mantener un sistema educativo adaptado al medio, eficaz, inclusivo y que ofrezca posibilidades de éxito pedagógico como el que pueden ofertar las escuelas rurales de Canarias. Por el contrario, lamentablemente, forman parte ya del paisaje rural grancanario las infraestructuras educativas abandonadas, que han dejado de prestar su servicio como elementos mantenedores del tejido social rural de Gran Canaria, con alto valor ecológico, de identidad cultural y contenido etnográfico".
A su juicio, es cometido de las autoridades sostener y potenciar el modelo singular de las escuelas rurales de Canarias, así como del conjunto del sistema educativo público, tal como establece la legislación autonómica. No es lícito que se cierren infraestructuras educativas funcionales integradas en el medio y se dispersen comunidades educativas efectivas por criterios meramente economicistas, contribuyendo con ello a degradar la continua mejora de la calidad de vida y educativa de nuestra sociedad y por ende, de nuestros pequeños.
El sindicato considera imprescindible la coordinación entre las administraciones para promover un desarrollo socioeconómico diversificado, poniendo énfasis al sector primario y servicios en el medio rural, ya que la existencia de una alta densidad de población cuya fuente de vida se basa en el sector servicios y un turismo rural en auge, reclama la protección del medio natural, su gente y sus costumbres. Es decir, todo lo contrario a seguir potenciando con carácter de exclusividad el monocultivo de ladrillo, sol y playa.
El STEC manifiesta su compromiso con este modelo de escuela y desarrollo social y exige a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que asuma su responsabilidad y que, más allá de seguir trabajando por el desmantelamiento de las escuelas rurales y centros incompletos de la isla, asuma su valor incuestionable y comience, de una vez por todas, a desarrollar políticas que contribuyan a su permanencia y crecimiento.
