Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-León, Cataluña y País Vasco se han puesto en contacto con la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), con el objetivo de que esta les facilite los listados de afectados de cada región y así poder elaborar un primer registro. Una vez elaborado, será el comité científico, con el que cuenta el Plan del Gobierno en favor de las víctimas, el que otorgue el reconocimiento como afectado mediante el certificado oportuno, para así poder avanzar en dicho Plan.

"La asociación en todo momento está prestando la máxima colaboración a las comunidades autónomas, que ya se han puesto en contacto con nosotros en beneficio de todos sus afiliados, y si todo marcha como está previsto, en septiembre se retomarán las conversaciones en el Ministerio de Sanidad con el comité científico técnico", explicó el presidente de Avite, José Riquelme. "Por lo tanto, antes de que finalice 2017 debe de estar terminado el Registro Nacional de Afectados, y en 2018 cobrando los afectados indemnizaciones y pensiones vitalicias y disfrutando de otros beneficios socio-sanitarios", añadió.

Riquelme subrayó que todo está funcionando según lo previsto, en base a la reunión que mantuvieron en el Consejo Interterritorial de las Comunidades autónomas y a las conversaciones que mantiene el Ministerio de Sanidad con la asociación, "para solucionar, de una vez por todas, el tema de la talidomida enquistado en España".