Soledad Monzón afrontó el pasado septiembre su tercer inicio de curso desde que asumió la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias tras las últimas elecciones municipales. En la mitad de la legislatura, presume de haber dado respuesta al menos a dos reiteradas demandas sociales: la mejora de las condiciones salariales del profesorado del sistema público de educación y la firma de un modelo de financiación con las dos universidades del Archipiélago.
Ambas cuestiones se aparcaron durante la anterior legislatura, en parte por las dificultades económicas, pero a pesar de ello le restan aún tareas por delante en el sistema, entre las que destacan la adecuación del mapa de centros educativos de las Islas y la defensa de las tesis del Ejecutivo regional de cara al Pacto de Estado de Educación que se gesta en el seno nacional, tras el rechazo prácticamente unánime de la comunidad española a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Acaba de arrancar el curso escolar, ¿cómo ha sido el inicio?
Ha ido bien, hemos ido solucionando todo lo que requiere un inicio de curso: que las obras estén lo ante posible y que el profesorado esté nombrado cuanto antes, aunque siempre quedan algunos al final sobre todo de las sustituciones de las bajas, pero creo que en líneas generales ha sido un inicio de curso bueno. Ha habido mucha implicación en obras este verano tanto propias de la Consejería de Educación pero también por parte de los ayuntamientos, que han hecho un esfuerzo importante en seguir mejorando las instalaciones y en el mantenimiento de los colegios de Primaria, que son los que tienen ellos la competencia. Pero también ha habido mucha implicación de la comunidad educativa, del profesorado y las familias que siempre también colaboran muchísimo para que el inicio sea lo más tranquilo posible.
¿Más tranquilo que otros años?
Los últimos tres años, que son los que he visto iniciar, han estado dentro de la normalidad y creo que mejoramos cada año. Es fundamental que los centros puedan tener desde el inicio a la mayor parte del claustro del profesorado y que la obras estén terminadas para que puedan empezar las clases. Hemos afrontado este año retos importantes como la reestructuración y la reorganización de infraestructuras en Lanzarote, que ha afectado al final a siete centros. Se trata de tres institutos, un colegio de Primaria y lo que es actualmente el centro integrado de Zonzamas, donde todavía estamos terminando de adaptar los espacios pero ahí la comunidad educativa está muy implicada precisamente en esa reorganización. Por eso digo que aunque todavía queden flecos, la comunidad está participando bien y ha entendido que hemos asumido retos y que al final dos meses en verano se pasan en nada y que en el caso de las obras se prevé una fecha y siempre se complica. De hecho, tenemos obras importantes trabadas y que esperamos ir resolviendo. Fundamentalmente lo que destaco es la implicación y la comprensión de toda la comunidad educativa.
Habla de una reestructuración de centros en Lanzarote, pero ¿ no se preveía también un plan de infraestructuras para toda Canarias?
Está prácticamente elaborado. Viene a sustituir el antiguo Plan Sur y todavía contiene colegios que estaban planificados en ese documento. Precisamente, el borrador se lo entregamos al Secretario de Estado de Educación, Marcial Martín, cuando vino recientemente a presentar en el centro Las Indias los diez millones del antiguo Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias. Le planteamos la necesidad de recuperar los 42 millones anuales de ese PIEC para acometer las mejoras en la red. El nuestro es, en principio a diez años, contando con esos 42 que podríamos tener del Ministerio de Educación, y son unos 500 millones de euros. Ahí hay infraestructuras nuevas en aquellas zonas en las que hay que sustituirlos. Un ejemplo claro es el IES Guaza, en Tenerife, que ya está proyectado y que ya prácticamente se va a adjudicar en breve para iniciar las obras, con un coste en principio de más seis millones de euros. También en esa planificación se encuentran los tres colegios que hemos iniciado en Lanzarote (La Destila, que también el alumnado está en barracones completo en aulas modulares, el IES Haría que poníamos la primera piedra esta semana y el CEO Playa Blanca en el Sur que es una zona turística que tiene un crecimiento y una matrícula sobrevenida importante y que ya se hace pequeño). También en el sur de Fuerteventura, en la zona de Morro Jable, adjudicamos la obra de centro de Infantil y Primaria y se trata de otra zona con crecimiento demográfico por la apertura de hoteles y que traerá familias nuevas y que requerirá un aumento en la escolarización. Son obras de centro nuevo muchas a corto plazo y otras a largo plazo.
¿El plan solo incluye nueva construcción?
No, tenemos todavía casos de los 28 centros con amianto o fibrocemento, que ahora son menos porque ya hemos hecho algunas actuaciones. También estamos pendientes de la sustitución de las aulas modulares que en otra época de crecimiento se tuvo que recurrir a ellas y ahora lo que hay que hacer es irlas sustituyendo. Daremos respuesta también a una demanda importantísima en todas las Islas que proceder al techado de las canchas, unas por cuestiones más de lluvia y otras por el sol, pero es fundamental esa mejor. Por otro lado hay centros escolares en los que se hace mucha actividad y que no tiene espacios como aulas polivalentes o salones de acto y hay gran demanda por parte de los centros. Además, hay infraestructuras que en los años de crisis no han llevado el mantenimiento necesario y que ahora requieren obras importantes.
¿Y al revés, hay algún centro escolar que se haya ido quedando grande? ¿Se prevén fusiones o cierres?
Este año hicimos unas cuantas adaptaciones de ese tipo sobre todo en la isla de Gran Canaria y hay escuelas pequeñitas unitarias que se quedan con menos de cinco alumnos y se cierra. En algún caso también se ha hecho una fusión, por ejemplo a consecuencia de eso se ha creado un nuevo Centro de Educación Obligatoria en La Gomera. Los cambios se producen por la reducción de alumnos, que este año es en de unos 2.800 menos en Infantil y Primaria; por el aumento que se produce es en Secundaria porque los estudiantes crecen y se van incorporando desde Primaria y por los nuevos ciclos de formación ocupacional. Estas modificaciones requieren que cada año tengamos que hacer ajustes. Intentamos que no se cierren centros simplemente por una reducción puntual sino hacerlo tras varios años de descenso y en consenso con la comunidad educativa.
Entre el profesorado, esos cambios afectan fundamentalmente a los interinos, ¿se busca alguna solución a esa inestabilidad?
Por eso son tan importantes la oposiciones. Este año no pudimos realizar las de Primaria como teníamos previsto, aunque ahora en breve aprobaremos esa OPE para celebrarla en 2019 y el año que viene, en 2018, tenemos previstas la las de Secundaria. Ahí estaban también las plazas para Conservatorio, que ya veremos si se hacen en 2019 o no, pero sí es seguro que no habrá oferta el próximo 2018. Intentamos que haya oposiciones para que el profesorado pueda obtener su plaza y darles estabilidad. Si bien es cierto que los cambios del mapa escolar afectan a los docentes interinos, también es verdad que ya están de por sí afectados por nuestra propia realidad insular y por las oposiciones que marcan la posición que tienen en la lista y la preferencia que ellos marcan para que les pueda tocar una u otra zona.
Esa es la gestión compleja de antes de inicio de curso...
Sí, lo que intentamos es adelantar lo más posible para que el 1 de septiembre esté el mayor número de profesorado. Este año, de hecho, el que va a estar nombrado todo el curso escolar ya está desde el primer día nombrados y lo que faltan que se hará estos días, son los nombramientos por sustituciones de bajas que hay que esperar a que se presenten.
En profesorado se ha firmado recientemente un acuerdo histórico en cuanto a los salarios, ¿cómo se implantará?
Efectivamente está ya firmado y se pone en marcha en el 2018. Desde la primera nómina del próximo año, en enero, ya al profesorado al que le corresponde se le incluirá. El acuerdo que hemos firmado con los sindicatos es progresivo, de tal manera que cuando se termine de implantar en 2022 el coste será de 80 millones de euros. En ese primer año de puesta en marcha, en 2018, la inversión prevista es de unos 20 millones. Se trata de un acuerdo que se intentó firmar en 2008 pero que en aquel momento no llegó a salir adelante, pero era uno de nuestros objetivos y retos, además de una de las demandas más importantes del profesorado en Canarias. Creo que es un acuerdo justo porque de lo que se trata es de que el profesorado de las Islas se equipare al resto de docentes de la Península.
Tras este acuerdo, los profesores siguen reclamando mejoras, ¿cuál es el siguiente paso en materia docente?
Retos económicos todavía hay alguno pero de momento hay que asegurar la financiación porque no sabemos cómo nos va a afectar la situación de los Presupuestos Generales de Estado. Desde luego si conseguimos que, precisamente, el Estado dé esos 42 millones para el plan de infraestructuras, podría ser que el dinero que estamos poniendo nosotros para infraestructuras lo podamos poner en otras medidas.
¿Y las que no están relacionadas con la financiación?
En esas otras cuestiones sí que se está trabajando ya. Se encuentran muchas dentro del Plan de Reconocimiento Social y Profesional del Profesorado, que lo ponemos en marcha este año y en el que las retribuciones es un parte nada más. En ese documento se encuentra también todo lo que es asistencia jurídica y psicológica al docente en el desarrollo de su actividad o la formación del colectivo. Además, destaca la visualización de las buenas prácticas que haga que el docente sea reconocido socialmente como lo fue en su momento y que se le coloque en el lugar que le corresponde. Hay muchísima práctica docente positiva en los centros y tenemos que hacer lo posible para que se vea.
Económicamente también se han destinado fondos en los últimos años a cuestiones relacionadas con los alumnos, como los comedores escolares o los libros de texto. ¿Se sigue en esa mejora o se han completado los programas?
El de libros de texto sí era un plan a tres años y nos queda ya solo el curso siguiente que ya se ampliará a familias con rentas de 15.900 euros. Esperamos que entre los tres años ya podamos llegar a los 80.000 alumnos. En el tema de comedores estamos con un importante plan que va a reformular todo el servicio. Tenemos una normativa de 2003 y hoy en día los comedores son mucho más que un espacio de alimentación, sino que son verdaderos espacios de convivencia que requieren que actualicemos esa normativa en cuanto a la figura de los encargados de comedor como de personal auxiliar. Es importante la contratación centralizada porque ya la audiencia de cuentas advirtió de que teníamos que hacer de acorde a la ley y eso requiere que se haga centralizada por la Administración autonómica. La idea es incluir todo lo que es formación de personal, controles de calidad y seguridad alimentaria y adaptación de las cuotas: La subvención que da la Comunidad Autónoma a las familias para el comedor debemos ajustarla más a la realidad económica de la familia y de hecho ya incluimos en esta resolución un tramo nuevo dividiendo la cuota B, por lo tanto, eso favorecerá que más familias tengan una mejor ayuda.
La función principal de la enseñanza es la enseñanza, ¿cómo está afectando la Lomce?
La Lomce se implantó al cien por cien porque cuando el Estado la paralizó ya estaba implantada. Lo que se no llevaron a cabo fueron las evaluaciones de cuarto de Secundaria y de Bachillerato en la línea que estaban planteadas que eran evaluaciones para la obtención del título. Ahora el reto está en ese Pacto por la Educación que se está trabajando a nivel de Estado y que dé lugar a una nueva ley. Ya se están produciendo las comparecencias de los consejeros regionales en el Senado y a finales de octubre me toca a mí y aportaremos lo que consideramos desde Canarias que debe estar incluido en ese Pacto.
¿Qué es lo que defenderá en esa comparecencia?
Fundamentalmente por donde tenemos que empezar es por lo negativo de la Lomce. Por un lado, consideramos que se quitó participación de los consejos escolares, y creemos que esta participación es importante a la hora del día a día en los centros. Otra cuestión es qué hacer con Formación Profesional Básica, si realmente está cumpliendo los objetivos que se marcaron en un principio, que eran que todo el alumnado que no consigue titular en Secundaria tenga otra opción más llamativa como puede ser un ciclo de formación ocupacional. Tenemos el reto también del primer ciclo de Educación Infantil de cero a tres años, que requiere una regulación por parte del Estado porque quedó sin regular y en manos de las comunidades autónomas. Y, por último, hay que hablar de financiación. Nosotros nos hemos marcado un objetivo en la Ley Canaria de Educación del 5% del PIB, pero es verdad que si el Estado no ayuda y no se marca también un objetivo de financiación de la educación. Nos será más difícil conseguirlo nosotros. Son las propuestas que ha hecho el propio Consejo Escolar de Canarias y en ese sentido hay que destacar que en el Archipiélago sí hemos conseguido un Pacto por la Educación, y que ya incluye la estabilidad normativa, la necesidad de financiación y la participación. Lo de la estabilidad es fundamental para que no cada cuatro años haya una ley nueva.
Entre ellas, menciona la financiación, ¿se acercan al 5%?
Es lo que nos marca la ley canaria y estamos rondando el 4%, pero como el PIB sigue creciendo por otro lado cada vez es más difícil. Según la normativa nos quedan cinco años hasta llegar al 5%.
