"Estamos casi en igualdad de condiciones, con un déficit muy alto en accesibilidad, en todo el territorio estatal y autonómico, pero en Canarias tenemos una dificultad aún mayor en las islas periféricas, incluyendo La Graciosa, porque las personas que viven en Gran Canaria o Tenerife tienen más medios y recursos, dentro de lo poco que puede haber", lamentó ayer el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Las Palmas, Juan Carlos Hernández, durante la concentración desarrollada en la capital grancanaria, en simultáneo con las protestas realizadas en otras 35 ciudades de 15 autonomías españolas para denunciar la discriminación sufrida por el colectivo.
Bajo el lema #AccesibilidadYa: Por la accesibilidad de productos, entornos, bienes y servicios, la iniciativa de Cocemfe reunió a 3.000 ciudadanos en todo el Estado para concienciar a la sociedad y reivindicar medidas contra los obstáculos vulneradores de los derechos, libertades y vida independiente de las personas con discapacidad, cifradas por Hernández en el 10% de la población de Canarias, es decir, alrededor de 210.600 ciudadanos, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística a principios de 2017. Y si los residentes del Archipiélago soportan los costes de la lejanía y los habitantes de las islas periféricas padecen la doble insularidad, las personas con discapacidad en El Hierro o La Graciosa sufren un triple aislamiento, según Cocemfe.
"Odisea" en los vuelos
Residente en Gran Canaria pero originaria de Lanzarote, Liliana López confirmó los mayores obstáculos existentes en las islas periféricas después de leer el manifiesto de Cocemfe desde su silla de ruedas en la peatonal calle Triana junto a una veintena de compañeros. "Es un caos en accesibilidad o transporte adaptado, aunque Lanzarote y Fuerteventura han hecho bastante en las zonas principales, parece que solo vayamos por las avenidas, normalmente, la mayoría de las personas con discapacidad vivimos en barrios o zonas más alejadas", explicó López antes de añadir la "odisea" sufrida por el colectivo en los vuelos porque, aunque exista un servicio de ayuda o sin barreras, "obligan a llevar a un acompañante si no puedes subir las escaleras del avión y ya tienes que pagar dos billetes, cuando no todo el mundo tiene presupuesto".
La convocatoria de Cocemfe, que reunió a una docena de personas en silla de ruedas o con muletas y hasta un perro guía, coincidió con la celebración en Londres de la World Travel Market, una de las principales ferias turísticas de Europa. Sin embargo, "no he escuchado a ningún empresario o cargo público hablando de la accesibilidad o del diseño universal de los productos y servicios turísticos y más cuando queremos optar al turismo de 40 millones de personas con discapacidad en Europa o al turismo senior, de personas mayores, o familiar, padres con niños", destacó Juan Carlos Hernández.
Precisamente, la falta de información y señalización, producto de ignorar la accesibilidad como un asunto "global", se presentan como "las principales carencias" del sector turístico español ante las personas discapacitadas. Así concluye el estudio Observatorio de la accesibilidad universal en el turismo realizado por la Fundación ONCE y presentado en la WTM, avanzó ayer a Efe su responsable de accesibilidad al medio físico, José Luis Borau, antes de advertir que "el turismo es el principal motor económico de España, por lo que no se puede dejar de lado a un 15% de personas que tienen una serie de necesidades que ahora no se están cubriendo".
No obstante, la principal alerta de Cocemfe, constituida en 1980 e integrada por más de 1.600 organizaciones en todo el Estado, se centró en el previsible incumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013 o Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, ya que estableció como límite temporal el próximo 4 de diciembre para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles para evitar la discriminación. Según Juan Carlos Hernández, "hemos estado muchos años hablando con las instituciones y hemos conseguido un marco legislativo importantísimo, el mejor que podemos tener, pero a partir de entonces cualquier persona podrá ejercer su derecho y reclamar por el déficit de accesibilidad, por lo que exigimos que se comience ya a sancionar, una capacidad de las administraciones públicas, ahí veremos su sensibilidad".
Desde Cocemfe Las Palmas, sin embargo, apostaron por extender el compromiso para lograr la accesibilidad al conjunto de la sociedad, tanto de España como de Canarias, porque "la eliminación de las barreras para una minoría, que tiene unos derechos adquiridos, beneficia al conjunto de la población".
