La educación española, tan erosionada por las disputas y los bandazos políticos, se enfrenta de nuevo a la posibilidad de articular un consenso capaz de elevarse por encima de partidismos. La negociación que se lleva a cabo en Madrid de un pacto de Estado educativo deberá traducirse en un nuevo mecanismo de financiación capaz de equilibrar inversiones y calidades educativas. PP, PSOE y Ciudadanos están de acuerdo en la creación de este fondo interterritorial si bien disienten en los detalles, mientras que Podemos se mantiene distate y esgrime una crítica a la totalidad del sistema actual.
¿Qué se juega Canarias con el pacto? La inversión media por alumno no universitario es en el Archipiélago de 5.017 euros, con sólo cinco autonomías con peores números, lo cual debería hacer de las Islas una comunidad perceptora en el reparto de los fondos interterritoriales. Pero no sólo está en cuestón un nuevo modelo de financiación. El sistema educativo español lucha por redefinirse de cara a los próximos años tras la sacudida que supuso la etapa de recortes protagonizada por el ministro Wert y la implantación de la Lomce, normativa que acumula una importante contestación desde diferentes sectores. Así, se abren varios interrogantes que deben modelar este nueva etapa: la posibilidad de un MIR educativo, la financiación de la enseñanza concertada, la ponderación de la enseñana religiosa... Un panorama en el que las autonomías tienen mucho que decir.
La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno canario prefiere centrar el debate exclusivamente en la cuestión de la financiación. Así, plantea como primera medida que la aportación estatal a la educación alcance el 5% del PIB. "Una buena medida sería extrapolar lo aprobado en la Ley Canaria de Educación no Universitaria al respecto de la financiación, al ámbito estatal. Dicha ley establece que la inversión en Educación ha de incrementarse hasta alcanzar el 5% del PIB canario en 2022", explican desde esta consejería.
Criterios de reparto
En cuanto al reparto del fondo de cohesión, el Gobierno canario popone un ramillete de criterios que deberían orientar las asignaciones: "Entendemos que deberá ser ponderado no sólo por factores como el número de alumnos y alumnas, sino por indicadores reales del sistema educativo y de los condicionantes específicos de cada comunidad, como la insularidad, la fragmentación territorial, el nivel de desempleo, el Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC), las necesidades en infraestructura, en dotaciones de equipamiento, en comedores escolares o libros de texto".
El Gobierno canario pone la lupa en la financiación, pero los docentes creen que el sistema educativo acumula muchos más problemas, empezando por la propia Lomce. Silvia Rodríguez Court, del sindicato de profesores STEC, reclama la derogación de una normativa a la que ve más contras que pros. "Es una vergüenza", lamenta, "porque había un compromiso de derogar la norma tras las elecciones, compromiso que no sólo venía por los grupos parlamentarios, sino que era consecuencia de una serie de movikizaciones".
Para la representante de los docentes, el Ejecutivo de Rajoy ha conseguido de forma sibilina mantener en vigor la contestada norma: "El PP ha logrado de manera silenciosa implantar toda la Lomce, salvo las evaluaciones externas. Pero sí están los itimnerarios, que obligan al alumno a elegir su futuro antes de que acabe tercero de Primaria".
A Rodríguez Court le preocuoa que la concertación vaya ganando terreno poco a poco en el sistema educativo español, algo que, a su juicio, es sintomático del traslado al ámbito del servicio público de criterios empresariales. "La privatización de la educación es un tema cada vez más amplio", señala, "los conciertos educativos se amplían no sólo en la duración. Antes sólo llegaban hasta cuarto de la ESO y ahora ya están también en Bachillerato".
La Lomce no sólo vino acompañada de recortes económicos, también supuso, como explica la representante del STEC, que se alargara la jornada de los docentes, que pasó de 18 horas lectivas y 24 de permanencia semanales a 20 lectivas y 26 de permanencia. Los profesores de otras comunidades autónomas ya han recuperado las condiciones anteriores, pero no los canarios.
La docente se muestra muy crítica con el Gobierno canario, en quien ve a "un alumno aventajado al aplicar las jerarquías del profesorado". Así, explica que se está creando un profesorado de dos categorías, al premiar determinadas cuestiones: "Por ejemplo, se pagan complementos a quien sepa inglés y pueda impartir parte de su asignatura en ese idioma. En esa línea, van a dar más complementos que no se están negociando, se reconocen unas tareas y otras no".
Rodríguez Court entiende que en esta y otras cuestiones se está secuestrando el debate a los agentes implicados en la educación para residenciarlo exclusivamente en las administraciones: "Así como en otros territorios se sientan los gobiernos a negociar, aquí el Gobierno canario consigue salirse de rositas. A nivel nacional el PP y Ciudadanos lo que quieren es maquillar la Lomce. El PSOE se mantiene ambiguo. Y eso que se habían creado subcomisiones en el Congreso y en el Senado, que fueron avanzando en la conformación de una alternativa a esa norma".
En definitiva, los docentes exigen "la derogación de la Lomce, no un maquillaje. La derogación pasa por abrir un amplio debate con las propuestas que ya existen de los distintos agentesimplicados en la comunidad educativa".
Antonio Martín Román es presidente en Canarias de Confapa (Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres). Este miembro del Consejo Escolar del Estado conoce muy bien lo que se está cociendo en las negociaciones estatales, pues forma parte de la comisión del Pacto Educativo. Tiene claro que la educación canaria merece una inyección económica que permita la corrección de una serie de factores que están mermando su calidad. "Hace falta una mayor inversion. La inversión en España tiene que subir porque no estamos a nivel europeo. Con los dineros que se están gastando no llega para supllir las carencias. No puede ser que tengamos ratios de más de treinta alumnos por profesor", comienza señalando.
La cuestión de la financiación tiene varias aristas. Una de ellas señala a los centros concertados, que también se nutren de las arcas públicas, creando lo que para algunos es una distorsión del sistema. Martín no cree que la educación concertada constituya en Canarias un problema al mismo nivel que sufren otras regiones. "Por ejemplo, el 50% de la educación en Madrid es concertada. Nosotros somos firmes partidariosde una educación pública. Los niños y las niñas tienen que tener todos los mismos derechos", señala.
También critica el llamado MIR educativo, que a su juicio sólo esconde la voluntad de contratar docentes baratos. "El profesotado hay que prepararlo. Si tiene que hacer prácticas, que las haga, pero no podemos apoyar un MIR que no apoyan ni los profesores.
¿Por qué se ha distanciado Podemos del pacto que se negocia en Masdrid? Pedro de Molina, secretario de Educación del Consejo Autonómico de Canarias de este partido. "El problema es que mientras que tanto Ciudadanos como PSOE como nosotros nos comprometimos a quitar la Lomce, este pacto la mantiene. Así que todos los elementos por los que en su momento nos enfrentamos con el ministro Wert se mantienen", señala.
Diferencias
El dirigente de la formación morada explicita otras cuestiones que les impiden alcanzar un acuerdo con las otras tres formaciones principales en el espectro político nacional: "Se plantea el MIR educativo. Esto siginifica que se va a hacer un examen cuando los docentes salen de las carreras, para que luego estén dos años en prácticas. Es decir, supone tener trabajadores con menor coste. Nosotros apostamos por la formación continua del profesorado, Que haya una tutorización durante el año siguiente a que hayan aprobado la oposición. Igualmente, que haya una tutorización del interino en su primer año".
En cuanto a la financiación, lamenta que la propuesta "en ningún lado se vincula con solventar los recortes. Habría que calcular si el dinero que propone el ministerio solventa los recortes que soportan las comunidades". También se refiere a la financiación de los centros concertados y la asignatura de religión: "La concertada compite con la pública y sirve como elemento de segragación por clase social. Canarias es la segunda comunidad que más segrega. Está el tema de la religión, que computa. Así que mantenemos la influencia de la Iglesia Católica en los centros públicos"
En definitiva, "tenemos tan bajo aporte educativo porque el Gobierno quiere, cuando la educación es una prioridad".
