La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias convocará finalmente 1.160 plazas en las oposiciones docentes, y deja por tanto atrás las 881 restantes para llegar a la cifra inicial planteada de 2.041 vacantes. Así se desprende de la convocatoria de la reunión de la Mesa de la Función Pública prevista para este viernes, que incluye la propuesta de la Administración educativa de ofertar el próximo verano un total de 1.160 plazas para docentes en tres cuerpos y correspondientes a 33 especialidades.

Tal y como se planteaba la pasada semana durante una reunión con las organizaciones sindicales del colectivo docente, la convocatoria de oposiciones de este año estaría marcada por la ley de Presupuestos Generales del Estado, que aún no ha sido aprobada y de la que depende en cierta manera la oferta de plazas públicas. En el caso de las pruebas selectivas del sistema educativo, Canarias había realizado un cálculo inicial de 2.041 plazas, atendiendo por un lado a la tasa de reposición de las jubilaciones previstas y por otro a lo que se denomina estabilización del profesorado con el objetivo de reducir el índice de interinidad del colectivo en el Archipiélago.

En ese sentido, finalmente la Consejería de Educación aboga por ofertar solamente 1.160 plazas correspondientes a la tasa de estabilización, que dependen de una normativa estatal ya aprobada, y no esperar por los presupuestos, a los que vincula la tasa de jubilación. El paso del tiempo es el principal motivo de esta división, puesto que la Comunidad Autónoma ya se quedó el año pasado sin oposiciones docentes por la falta de la ley presupuestaria.

Este escenario satisface a la mayor parte de las organizaciones sindicales del profesorado, que por un lado habían planteado reducir la cifra de plazas y por otro temían que se repitiera la situación del 2017. Al respecto, el portavoz de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, José Ramón Barroso, explica que "ya se había demandado a Educación la distribución de las plazas hasta 2022" y añade que la oferta que planteará Educación "es similar" a la que habían propuesto en las últimas reuniones.

Además, Barroso entiende que "es importante que la convocatoria salga cuanto antes" y anima Administración educativa a "darse prisa en la tramitación". Son dos los motivos que esgrime el portavoz de la Federación de Enseñanza de CCOO para esta premura: por un lado la fecha del examen y por otro las dudas de los aspirantes.

"Las pruebas deben ser el 23 de junio, en coincidencia con el resto de comunidades autónomas, para evitar el efecto llamada", argumenta Barroso quien añade que la ausencia de convocatoria genera "incertidumbre" entre los opositores "sobre todo en cómo será el supuesto práctico, ya que muchas de las especialidades no se habían ofertado desde que se adoptó el cambio en el sistema de los exámenes".