Canarias recibió el año pasado 820 solicitudes de asilo, según datos ofrecidos en la mañana de este lunes por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en la presentación de su informe anual sobre el trato que reciben los inmigrantes y solicitantes de asilo. El coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, y la jurista Beatriz Alfonso contextualizaron este dato a nivel nacional, pues en 2017 se registraron en toda España un total de 31.120 peticiones. De todas esas, el 65% fueron rechazadas, lo que sitúa la tasa de reconocimiento española diez puntos por debajo de la media europea.

En lo que va de año se han recibido en Gran Canaria un total de 195 solicitudes de protección internacional por parte de inmigrantes, figura que engloba tanto las de asilo como las de protección subsidiaria. Se admitieron a trámite 181, se denegaron 10 y desistieron otros cuatro. 113 fueron presentadas por hombre y 82 por mujeres. En cuanto a las nacionalidades de estos solicitantes, la mayoría son de Venezuela, seguida de Colombia, Marruecos y el Sáhara Occidental. Venezuela fue también el principal origen de estos demandantes en 2017 y 206, coincidiendo con el recrudecimiento de las condiciones de vida en ese país, sumido en una profunda crisis política.

En Gran Canaria, dichas solicitudes se pueden hacer efectivas desde la Jefatura de Policía, puerto o aeropuerto o el Centro de Internamientos de Extranjeros (CIE) Tras la admisión a trámite de la solicitud de protección internacional, la persona solicitante será autorizada a permanecer en España en situación de permanencia legal, documentada con una tarjeta de solicitante de protección que se le concede con carácter provisional hasta que se dicte resolución en el proceso, que determinará la concesión o denegación del estatuto de refugiado o protección subsidiaria solicitado. En 2017, de los expedienes tramitados desde Gran Canaria, once lograron el estatuto de portección internacional, la cifra más alta en una anualidad.

Esto se produce en un contexto internacional extremadamente enrarecido en cuestiones de inmigración, con el desembarco ayer del Aquarius en cosas valencianas con 630 migrantes a bordo, a los que se les ha concedido una autorización de residencia de 45 días. En Este sentido, Alfonso contrastó el despliegue de recursos destinados a estas personas con el que habitualmente merece la entrada de inmigrantes. Así, aseguró que durante el fin se semanas arribaron a las costas andaluzas más de 800 irregulares, que no han sido acreedores de esa autorización de residencia ni del mismo despliegue.