La Plataforma de Afectados por iDental Las Palmas urgió ayer la actuación en la autonomía y el estado de las administraciones públicas, tanto ejecutivas como judicial, e instituciones privadas, colegios profesionales o asociaciones de consumidores, tras los numerosos cierres de clínicas odontológicas de la compañía sanitaria, con alrededor de 226.000 pacientes perjudicados en toda España y 16.000 en Canarias. "Podían haber actuado hace mucho tiempo, llevamos casi tres años con denuncias y advertencias sobre la falta de esterilización de los materiales y de limpieza, reconocida por extrabajadores y vivida por nosotros, y ahora aconsejan que los afectados nos sometamos a pruebas de VIH, hepatitis y otras enfermedades infecciosas", lamentó Michele Stara junto a Paz Monzón como portavoces del colectivo, con más de 1.200 miembros en la comunidad y 5.500 en el país.

Acompañados por un grupo de damnificados en la Sociedad de Cultura y Recreo La Fraternidad de Telde, los representantes de la plataforma comparecieron en rueda de prensa para realizar "una llamada de auxilio a las administraciones, porque es un atentado grave a la salud y la mayor estafa dental, hay personas en riesgo de perder la vida", destacó Monzón tras situar por encima de los 200 millones de euros el fraude de iDental si se estima en 1.000 euros la deuda media contraída por cada paciente para abonar por adelantado un tratamientos erróneo o inconcluso, aunque los importes oscilan de los 200 a los 5.000 euros. Hasta ahora, las peticiones de ayuda obtuvieron como respuesta un "silencio absoluto", según Stara, por parte del presidente autonómico, Fernando Clavijo, el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, o el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, entre otras autoridades contactadas.

También criticaron la actitud del Colegio de Dentistas de Las Palmas, "que dice que no puede actuar y expedientar a nadie porque no llega a localizar a los supuestos profesionales, pero debieran dar un paso al frente para dignificar y evitar la caída en picado del colectivo. No podemos permitir más esta lentitud, no puedo esperar los tiempos de la justicia para arreglarme la boca, aunque hay casos gravísimos", advirtió Michele Stara tras localizar a las víctimas en casi todas las islas, aunque la única sede de iDental en el Archipiélago se situó en Gran Canaria hasta su cierre el 4 de junio.

No obstante, desde la plataforma isleña agradecieron el apoyo de la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) y, sobre todo, la actuación de la Fiscalía de Las Palmas, con un centenar de casos en tramitación. "Ha costado mucho, pero ya se están moviendo, por fin, se han puesto la pilas", reconocieron sobre el ministerio público en la provincia oriental los portavoces del colectivo, que limitaron la posibilidad de una denuncia colectiva al supuesto fraude económico ante la disparidad de casos por mala praxis médica.

Constituida por Antonio Javier García Pellicer y Vicente Castañer Blanco en 2014, adquirida por el fondo de inversión Weston Hill el pasado octubre y gestionada por Luis Sans junto a los hermanos José María y Juan Garrido, iDental se extiende por 26 ciudades de 11 autonomías, además de Latinoamérica, con una oferta de servicios odontológicos de bajo coste, con financiación incluida. Ahora, la situación de iDental, advirtió Paz Monzón, "cuesta dinero a los ciudadanos, porque la seguridad social debe asistir a la mayoría de afectados y la justicia gratuita también se paga con los impuestos y repercute en los bolsillos de todos".