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Entrevista

Francisco Cabrera Panasco: "Resolvimos la incautación de los historiales de iDental ante su desahucio mañana"

Presidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas

Francisco Cabrera Panasco.

Francisco Cabrera Panasco. LP/DLP

Alrededor de 16.000 pacientes perjudicados en Canarias, según la Plataforma de Afectados por iDental

Desde 2016 hasta el día de hoy, en el Colegio hemos registrado un total de 174 reclamaciones de pacientes de iDental, si bien es cierto que la plataforma de afectados en Las Palmas habla de 16.000 pacientes afectados, un dato que desde el Colegio no podemos confirmar, lógicamente. En cualquier caso y sin duda, se trata de un número alarmante de reclamaciones.

Desde el Colegio hemos venido alertando directamente a la administración y también a toda la sociedad, a través de los medios de comunicación, sobre el vertiginoso incremento de reclamaciones, pero, además, hemos actuado con todos los medios disponibles a nuestro alcance ante el boom de reclamaciones de pacientes de iDental, que fueron nada menos que 111 en 2017.

¿Y cuántos expedientes sancionadores resolvieron?

En este momento, se están abriendo los primeros expedientes que, como corresponde, siguen la tramitación pertinente, pero que, en el caso de iDental, resulta extremadamente compleja, lo que nos ha llevado a triplicar el número de miembros de la Comisión Deontológica del Colegio, quienes, además, están realizando reconocimientos a los pacientes en el aula clínica del Colegio cuando se estima necesario para la resolución de sus reclamaciones.

La razón de esta dificultad a la hora de abrir expedientes sancionadores y resolverlos en el caso de iDental, obedece a varias razones, como que los pacientes eran frecuentemente atendidos por una media de 10 a 12 dentistas. Esto ralentiza extremadamente el proceso, por distintos motivos; por ejemplo, porque hay que dar traslado a todos y cada uno de ellos, con la dificultad añadida de que muchos dentistas trabajaban principalmente en la clínica de Las Palmas estando colegiados en otras provincias, lo que ha supuesto el tener que dirigirnos a sus respectivos colegios profesionales para conocer sus domicilios, que suelen no coincidir con el manifestado a su colegio oficial de colegiación, hasta el punto de tener que publicar edictos en boletines oficiales para notificarles y evitar, también, una indefensión que puede acabar viciando y perjudicando al procedimiento. Además, determinar quién es culpable, en su caso, de mala praxis en un expediente donde hay más de una decena profesionales hace, además, prácticamente inviable depurar responsabilidades. Otra gran dificultad para llegar a clarificar la existencia de mala praxis es la ausencia de las historias clínicas, que no obran en poder de los pacientes y que, en el caso de iDental, nos encontramos escritas a mano, con firmas y anotaciones muchas veces ilegibles, etcétera. Un esperpento que dificulta enormemente la labor de la Comisión Deontológica que está volcando todos sus esfuerzos en llegar hasta el final en cada expediente, como es su obligación, en el caso de iDental y allá donde existan indicios de que ha podido cometerse una mala práctica profesional, un hecho que este Colegio persigue y sanciona conforme al código ético y deontológico que rige nuestra profesión y a sus propios estatutos.

¿Y cómo pudo ocurrir?

Sin duda, es completamente anormal. De ahí que pidiéramos la presentación de un exhaustivo plan de medidas de contingencia para disminuir el número de reclamaciones al responsable sanitario, donde intervenían los servicios jurídicos de iDental en un peloteo interminable de escritos sin soluciones ni respuestas por parte de la empresa, que se prolongó durante al menos siete meses. También, la administración les requirió un plan de contingencia en caso de cierre, y lo mismo si bien era ésta quien debía hacerlo por ser su competencia, no la nuestra. Otra complicación importante radica en el hecho de que iDental no es una sociedad mercantil profesional sino una sociedad mercantil, a secas, dedicada a la odontología. Esto es lícito, pero aquí el responsable de la empresa no puede ser objeto de este procedimiento desde el Colegio, pues carecemos de competencias para ello.

Trasladar la resolución colegial a la administración competente, casi siempre las consejerías autonómicas de Sanidad y Economía, tampoco consiguió más resultados que culpabilizar al Gobierno de Canarias...

Nada más lejos de nuestro objetivo que abdicar de nuestra responsabilidad o entrar en temas de culpas. Es contrastable el trabajo y la actitud proactiva y totalmente colaboradora del Colegio con los organismos públicos competentes, liderando esta crisis desde el primer momento, en busca de soluciones para los afectados de iDental, nuestro único y claro objetivo como defensores de la salud bucodental que somos.

Los tres organismos, Colegio de Dentistas de Las Palmas, Consejería de Sanidad y Dirección General de Comercio y Consumo, tenemos unas potestades administrativas y están dadas para que se ejerzan. Y esto conlleva una responsabilidad individual y también compartida, por lo que parece lógico que reclamemos, con toda contundencia, y máxime dada la gravedad de la situación, un compromiso total por parte de la Administración, puesto que es la única que puede actuar en el caso de la empresa iDental.

Como es sabido, y así lo hemos explicado con claridad en todo momento a los pacientes, y para evitar falsas expectativas y una mayor frustración, los colegios profesionales carecemos de competencias para actuar contra sociedades mercantiles no profesionales, como iDental, y tampoco estamos legitimados para actuar en materia de consumo ante las reclamaciones de pacientes que plantean problemas de financiación o que deben seguir pagando a las entidades financieras los tratamientos inacabados. No obstante, en cada caso donde hemos recibido una reclamación cuya motivación ha sido económica, en nuestro Servicio de Información y Defensa del Paciente Odontológico hemos atendido, informado y orientado al paciente sobre el ejercicio de las acciones legales oportunas y hemos reorientado esa reclamación a la Dirección General de Comercio y Consumo, a la que hemos pedido que se dirigiera a las entidades financieras implicadas para que suspendieran el cobro de las cuotas de los pacientes, correspondientes a a financiación recibida y que, aprovechando la jurisprudencia existente en la materia, se implicaran en la búsqueda de una solución terapéutica para los pacientes, una medida que según las noticias publicadas hoy mismo, está planteando el propio Ministerio de Sanidad y que esperemos que se resuelva satisfactoriamente en esta línea.

Insisto en que el Colegio lo que quiere, allá hasta donde podamos llegar, es buscar soluciones. A petición de la Dirección General de Comercio y Consumo, por ejemplo, hemos desarrollado un sistema de acreditación de los tratamientos inconclusos que sirva a los pacientes para poder suspender su financiación. O, algo que nos preocupaba enormemente también ante el desahucio de la sede de iDental, según nos consta, el 19 de julio (este jueves): resolver a tiempo, la inmediata incautación, custodia y gestión de los historiales clínicos de los pacientes por parte de la administración sanitaria, para que estos y sus datos personales, así como su derecho de acceso a los historiales queden salvaguardados, resulten protegidos y los pacientes pueden disponer de una información que les pertenece y que necesitan; también, el establecimiento de medidas con respecto a los residuos bio-orgánicos, deshechos sanitarios como las amalgamas, aparatos radiológicos, etcétera, de manera que no se cree un problema de salud pública.

Sin competencias para actuar contra sociedades mercantiles o en conflictos comerciales, ¿a cuántos profesionales de iDental castigaron o inhabilitaron por mala praxis?

Sin perjuicio de lo que he comentado, comprenderá que no podemos dar estos datos porque, hasta que recaiga resolución o sentencia firme, el dentista, como cualquier otro, goza de la presunción de inocencia y de los derechos a la intimidad y al honor. Si revelásemos estos datos, estaríamos incumpliendo la propia Constitución.

¿Y no sopesan otras acciones extraordinarias como, por ejemplo, facilitar peritajes a los afectados, al igual que el Colegio de Valencia, o presentar denuncia en los tribunales, como el Consejo de Dentistas de España?

Como he comentado, estamos colaborando con la Dirección General de Comercio y Consumo en un programa que ellos financiarían para acreditar si el tratamiento odontológico contratado se corresponde con la situación actual del paciente, que sirva a aquellos pacientes con tratamientos a medias para suspender su financiación. No obstante, le diré que el Colegio de Valencia duplica en tamaño y en medios al Colegio de Las Palmas. En cuanto a la presentación de denuncias, tenga la completa seguridad de que si detectamos el menor indicio de delito, tal y como estamos obligados a hacer, lo denunciaremos ante el Ministerio Fiscal o al juzgado de guardia competente. Sin ninguna duda, lo haremos. Sin embargo, el concepto de estafa ante un cierre de una clínica dental no es tan claro como en casos similares en otros sectores, como el caso de Air Madrid. La prueba está en la sentencia sobre Funnydent, donde se dijo que la crisis económica de una empresa y la consecuente suspensión de sus actividades, no conlleva per se un delito de estafa. Otro tanto ocurrió con el caso Denta 4. Y aquí, también es importante aclarar que el Colegio de Dentistas tampoco es el perjudicado por el delito, y que son el Ministerio Fiscal y el perjudicado al que las normas procesales confieren un papel protagonista. En cuanto al caso de delito contra la salud pública, a raíz de los comentarios de pacientes, el Colegio ha investigado, al igual que lo ha hecho la administración sanitaria, y no hemos hallado evidencias al respecto. Si de los tratamientos se derivara algún delito de lesiones, entonces incoaríamos un expediente sancionador que suspenderíamos previa presentación de una denuncia ante el Ministerio Fiscal o el juzgado de guardia correspondiente. Y si tuviésemos noticias de que se hubiese iniciado un procedimiento penal por algún asunto derivado de iDental, previa valoración de si podemos aportar algo al procedimiento y si lo permiten las leyes procesales, nos personaríamos como acusación popular. Hoy por hoy, no lo hemos hecho porque no hemos encontrado indicios para ello. Y esto lo haríamos con iDental o en cualquier otro caso donde esté implicado un dentista. Para el Colegio es una obligación.

A pesar de informar a los pacientes y tramitar sus reclamaciones, la Plataforma de Afectados por iDental critica su inacción durante los últimos años, ¿cómo piensan recuperar la dignidad de la profesión?

Hemos informado de manera personalizada a los cerca de 400 pacientes que lo han solicitado, mediante cita previa. Hemos tramitado todas las reclamaciones presentadas y nos hemos reunido con los representantes de la plataforma en varias ocasiones. Que califiquen de inacción la imposibilidad de dar respuesta a determinadas demandas sobre las que, como le digo, los colegios profesionales no tenemos competencias para actuar.. Lamento que, volcados como estamos en esta situación que les afecta, traten de culpabilizar al Colegio, aunque también comprendo el estado de desesperación de los pacientes. Aquí, no hay que perder de vista que estamos hablando de un mal actuar por parte de una empresa privada que contaba con todas las autorizaciones pertinentes y que desarrollaba su actividad en un mercado de libre competencia. Una empresa cuya actuación es deleznable, no solo por el maltrato a los pacientes y el riesgo para su salud sino porque consciente y deliberadamente han buscado los resquicios de la normativa vigente para saltarse esta misma normativa cuando, por ejemplo, ofertando tratamientos que decían que eran subvencionados, usaban este artificio publicitario falaz, ya que se ha demostrado que no existía una subvención.

En cuanto a hacer una generalización de un colectivo que cuenta con casi 700 profesionales en esta provincia, por el posible actuar de un número ínfimo de profesionales es totalmente injusto para quienes trabajan con honestidad y rigor, desarrollando una Odontología de calidad, anteponiendo siempre la salud de los pacientes a cualquier otro interés.

Alguna autocrítica, personal y colegial, por el caso iDental, presidente.

Toda la autocrítica, analizando todos aquellos aspectos mejorables y actuando en consecuencia. Ahora mismo, entre otras medidas, estamos revisando nuestros propios estatutos colegiales para acometer modificaciones normativas y dotarnos de más posibilidades de actuación. En cuanto al tratamiento del caso iDental, solo puedo decir que nos hemos desvivido por buscar las mejores soluciones, sin alardeos ni titulares, trabajando mucho, prestando la mejor atención posible a los afectados y cooperando con quien ha sido necesario. Y seguiremos haciéndolo, aún a sabiendas de que ésta es una crisis descomunal, extremadamente compleja y difícil de gestionar y solucionar.

El caso iDental demuestra que la normativa vigente no es suficiente para poner límites a los desalmados que juegan con la salud de las personas. Hay que establecer modificaciones correctoras. Si una sociedad, sea profesional o no, ofrece servicios profesionales, no puede ser distinta a una que los presta. Es evidente que ayudaría una normativa básica del Estado que desarrollara las funciones e independencia del responsable sanitario o director técnico asistencial. También es indispensable la regulación de la publicidad sanitaria en nuestra Comunidad Autónoma, si bien sería deseable una mayor regulación básica por parte del Estado de estos aspectos.

Si una sociedad profesional que presta servicios profesionales puede ser sancionada por mala praxis disciplinaria por el Colegio Oficial, qué impide que se modifique la Ley de Colegios Profesionales para que ocurra otro tanto con aquellas sociedades que ofertan servicios profesionales de la misma índole, siendo sociedades de intermediación, como iDental. Además, se debería extender la conciliación obligatoria ante las reclamaciones de los pacientes a estas mismas sociedades de intermediación como ocurre con las sociedades profesionales.

Debemos organizar una reunión entre los organismos administrativos y nuestro Colegio, también el de Santa Cruz de Tenerife, para analizar cómo podemos ser más eficientes en la prevención y gestión de crisis como éstas.

¿Y temen un nuevo escándalo ante la proliferación de clínicas?

No tengo una bola de cristal que prevea el futuro de una forma infalible, pero lo que está claro es que hay que abordar problemas que están en el núcleo o que potencian casos como el de iDental, entre ellos, además de lo que he comentado anteriormente, la plétora profesional.

En Canarias, duplicamos las recomendaciones de la OMS de un dentista por cada 3.500 habitantes. Claramente, nuestro mercado está saturado y no tiene capacidad para absorber el volumen de dentistas que se gradúa cada año, lo que dificulta el desarrollo de una odontología donde prime la salud frente a otros intereses, cuyas nefastas consecuencias acaban sufriendo los pacientes, sus principales víctimas, y afectan, también, a las condiciones laborales de muchos dentistas en nuestro territorio.

Demandada también por otras profesiones sanitarias, como los fisioterapeutas, ¿para cuándo la normativa autonómica sobre publicidad y salud?

Uno de los grandes problemas que está detrás de esta gravísima crisis originada por iDental, es la publicidad engañosa. En Canarias, dimos un paso importante con la aprobación de la Proposición No de Ley para la regulación de la publicidad sanitaria a finales de 2015, impulsada por nuestro Colegio, pero seguimos reclamando un compromiso real del Gobierno autonómico y nacional que posibilite un cambio en la norma que regule la publicidad sanitaria, argumentos que hemos trasladado al ejecutivo canario, al que hemos solicitado la implantación de una autorización administrativa previa ante cualquier acción publicitaria.

Estamos trabajando con los colegios profesionales sanitarios para ofrecer al Gobierno de Canarias un texto consensuado por todos los colegios oficiales sanitarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay realidades, como ésta, que superan el ámbito autonómico y estamos a la espera de una normativa estatal básica de próxima publicación.

Desde nuestro Colegio, dado que hablamos de un tema que debe consensuarse con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, tenemos previsto organizar sesiones con todos y cada uno de ellos, para explicar los problemas que se suscitan y las medidas que proponemos para solventarlos de manera que un diálogo fructífero logre que todos los partidos políticos incluyan en sus programas electorales para la próxima legislatura esta cuestión, y que esté dotada de un consenso para una regulación completa y eficaz.

Aunque iDental copa la atención, resuma las principales acciones actuales del Colegio de Dentistas de Las Palmas.

Uno de los asuntos que nos preocupa, y mucho, además de lo comentado sobre la publicidad, la plétora o las reclamaciones, es el del intrusismo, frente al que reivindicamos un cambio normativo y el endurecimiento de las penas, mediante un tipo agravado para el intrusismo asociado a profesiones sanitarias. Actualmente, mantenemos tres procedimientos en curso en diversos partidos judiciales de Las Palmas.

El Colegio también trabaja en diferentes áreas, siempre enfocado a los colegiados y a la ciudadanía. Obviando la cantidad de trámites y gestiones que se atienden diariamente en la secretaría, además de las colegiaciones, que por cierto, estamos en periodo de colegiación, es prioritario atender puntualmente a los colegiados y dar respuesta a las consultas profesionales que nos envían a diario. En este sentido, tienen un gran peso las consultas de tipo jurídico.

El Colegio mantiene distintas líneas activas de comunicación con los colegiados, con el objetivo de mantenerles informados y anticiparles temas profesionales que les afectan y que les obligan a hacer variaciones en su trabajo. Esto ocurre no sólo con el desarrollo de nuevas normativas como recientemente ha ocurrido con la relativa a la protección de datos, el mercurio o el registro de profesionales sanitarios, sino, además, con trámites periódicos necesarios que el Colegio facilita a través de la ventanilla única.

Dedicamos un gran esfuerzo, también, a ofrecer a los colegiados una formación puntera que garantice su actualización profesional. La Comisión Científica hace posible esta prioridad. En este momento, ya estamos trabajando el calendario de formación continuada del próximo año que, en 2018, contó con medio millar de inscritos.

La Comisión Deontológica, por su parte, como he comentado al comienzo, estudia y analiza las reclamaciones recibidas en el Colegio, recibiendo incluso a pacientes en el aula clínica, para contar con toda la información necesaria a la hora de valorar una reclamación. La actual situación ha obligado al colegio a reforzar este área, tanto con profesionales como en la necesaria atención personalizada.

Con respecto a la población, el Colegio lleva a cabo una amplia labor de promoción de la salud bucodental. Los canales oficiales del Colegio son muy activos. A lo largo del año se llevan a cabo destacadas campañas. Además, junto con la Fundación Canaria Dental, desarrollamos una actividad dirigida a escolares, que cada edición recibe a casi 300 jóvenes y niños y que está siendo muy valorada por los centros educativos. También destacaría el buen funcionamiento del Programa de Atención Dental para la Población Infantil (Padican), y su gestión; es una labor a la que dedicamos especial atención. Más de 52.000 niños son atendidos en nuestra comunidad cada año.

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