Dentistas y Sanidad pleitean por no custodiar los historiales de iDental

Aunque la providencia firmada el 10 de julio instó a la comisión judicial a intervenir y precintar la documentación en los locales de la calle Alonso Alvarado (esquina con Venegas) y Jerónimo Falcón para su posterior traslado y entrega en la sede del Servicio Canario de la Salud (SCS), en la avenida Juan XXIII, desde el departamento dirigido por José Manuel Baltar se recurrió la decisión "porque el escrito que recibió presentaba un defecto de forma, en el que no se aclaran las condiciones y características de la custodia", según informaron ayer desde Sanidad. Más allá de errores formales, no obstante, el SCS considera que "el organismo competente para custodiar esos documentos altamente protegidos por la ley debe ser el Colegio Oficial de Dentistas".

Aunque "para el SCS lo importante es velar por la protección de la salud de los usuarios y por la protección de sus datos, es importante tener claro que se trata de una clínica privada dental y que los servicios (públicos) españoles no ofertan esas prestaciones. Por tanto, la continuidad de los tratamientos que hayan quedado pendientes deben ser atendidos en clínicas privadas igualmente", argumentaron las mismas fuentes para concluir que la custodia corresponde a la corporación profesional.

A la espera de la decisión judicial sobre el recurso de reposición de la administración autonómica, desde el Colegio de Dentistas de Las Palmas consideraron ayer que "el SCS trata de eludir la responsabilidad que ostenta ante los miles de pacientes afectados de iDental". Según el presidente de la institución, Francisco Cabrera Panasco, "no se entiende que la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que tal y como ha dictaminado un juez, dándonos la razón, es el único organismo público con competencias para garantizar la custodia y gestión de los historiales clínicos de los pacientes afectados por el cierre de iDental, pretenda, en el último momento, mantenerse totalmente al margen de esta crisis que afecta a miles de canarios".

A juicio del máximo responsable odontológico en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, el acceso a los expedientes resulta "fundamental para la protección y el ejercicio de sus derechos ante los tribunales y, también, necesario para quienes necesitan continuar en otras clínicas los tratamientos que tienen a medias e incluso suspender el pago de las cuotas que siguen pagando por ellos, tal y como le hemos trasladado a la sanidad canaria en una reunión de coordinación de las administraciones públicas competentes, y a través de diversos escritos presentados en los registros de entrada oportunos".

Mediante una nota de prensa, el Colegio de Dentistas de Las Palmas recordó que carece de competencias para actuar contra sociedades mercantiles no profesionales como iDental, a quien no puede aplicarse el Código de Ética y Deontología pese a ostentar la titularidad del fichero con historiales clínicos a efectos de protección de datos. Tampoco puede actuar la corporación profesional en los casos de pacientes con problemas de financiación o que deben continuar pagando a las entidades bancarias los tratamientos inacabados, aunque ya propuso a la Dirección General de Comercio y Consumo (Gobierno de Canarias) un sistema de acreditación de los procesos inconclusos para que los afectados puedan suspender el abono de cuotas, aún sin respuesta.

Ante el desalojo hoy de iDental, el Colegio de Dentistas de Las Palmas también reclamó al Gobierno autonómico medidas urgentes sobre la gestión de los residuos bio-orgánicos, deshechos sanitarios o aparatos radiológicos para evitar posibles riesgos a la salud pública.