El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas celebró ayer que las propuestas y medidas económicas y fiscales planteadas en un informe elaborado por un equipo de expertos y economistas, impulsado por el propio Consejo Social, hayan sido incorporadas, en su mayoría, al nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), aprobado recientemente por el Congreso y el Senado, y en donde se contempla, por primera vez, a las universidades canarias y su financiación.

El responsable de este comité, el economista y profesor de la ULPGC, Salvador Miranda, explicó al Consejo Social que, gracias a las propuestas incluidas en el informe de los expertos, se ha situado a las universidades canarias dentro del REF, incluyendo a sus centros de investigación de excelencia y reforzando su financiación.

En el texto aprobado en octubre por el Congreso y Senado se hizo especial mención a la condición de región ultraperiférica de Canarias y de la aportación de las universidades a esta región. De igual modo, se ha destacó la necesidad de compensación económica para los traslados de los estudiantes y profesores de las universidades canarias. Como conclusión, Miranda expresó al Consejo Social que "creemos que ha sido muy positivo la integración de las universidades canarias en el conjunto de las necesidades que ha de cubrir el Estado, porque es necesario que las universidades estén bien dotadas y con esa filosofía han sido incluidas en el nuevo REF de Canarias".

El presidente del Consejo Social, Ángel Tristán, felicitó a los expertos por este logro. "Nos sentimos orgullosos de ser co-protagonistas de ellos en un tema tan importante para Canarias como es el REF", comentó.

El pleno también aprobó por unanimidad una modificación puntual de las Normas de Progreso y Permanencia de la ULPGC, presentada por su presidente tras la evaluación el impacto de estas en las tasas de éxito de la Universidad, "que ha aumentado en casi 10 puntos desde 2012", explicó Tristán. Esta modificación incide especialmente en el colectivo de estudiantes que ya han superado el 80% de sus créditos universitarios y pretende evitar su desvinculación de la Universidad por incumplir el mínimo de asignaturas aprobadas por año.