Una mayor representación externa de la sociedad en los órganos de gobierno de las universidades públicas, y más funciones en el control y rendición de cuentas. Este es el nuevo papel que reclaman los consejos sociales en la nueva ley de Universidades. Así lo indicó ayer el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, Antonio Abril, en el marco de las Jornadas que la CCS y el Consejo Social de la ULPGC celebran en Gran Canaria.

"Nosotros defendemos transformaciones profundas y necesarias en la universidad pública española", afirmó Abril, señalando a modo de ejemplo, la adopción del modelo que tiene algunas universidades europeas, y que consiste en fusionar los actuales consejos de gobierno de las universidades y los consejos sociales. "Que se refundieran en un único órgano de gobierno donde hubieran más representantes de la sociedad, externos a la universidad, y representantes de la universidad, todos con las debidas garantías de estatuto jurídico de dedicación, compromiso e independencia", afirmó.

Antonio Abril apuntó que este modelo, por el que apuestan desde la ACS, significaría la desaparición de los consejos sociales actuales. "En una universidad pública española de futuro que tenga las pautas de reforma que se han seguido en Europa, no habrían consejos sociales sino otra cosa, que le llamaríamos de otra manera, donde habrían más representación externa de la sociedad, más funciones en el control gobierno y rendición de cuentas de las universidades de ese órgano, y luego estaría el rector con competencias académicas. Esto es una transformación profunda, amplia".

Compromiso

El presidente de la ACS asegura que la educación superior en España necesita, independientemente de como se llame, órganos "con más compromiso, con más participación de la sociedad, con más intervención", y asegura que el actual sistema de autogobierno de las universidades públicas españolas "no es el que procede en el siglo XXI para hacer frente a los retos de la universidad del siglo XXI".

Antonio Abril señaló que otros retos, "inaplazables" del sistema universitario español pasan por un cambio en la gobernanza, "porque mientras no se cambie la gobernanza de la universidad pública española tenemos muy comprometida su excelencia a nivel internacional, que es la que deberían tener en un mundo competitivo global".

También indicó la necesidad de elevar la financiación. "España no termina de apostar por la educación, y aunque digan que si, cuando vemos las cifras de lo que invertimos en educación, evidentemente los datos lo desmienten. Y destacó la importancia de que las universidades incorporen lo que se denomina compliance, "que significa crear un marco de cumplimiento normativo interno, un sistema de control de previsión, que garantice el cumplimiento, no sólo de la ley con mayúscula, sino de compromisos éticos y códigos de conducta".