Silvia Rodríguez, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) pone en relieve que en las Islas existe un "gran retraso" en el ámbito de la lectura y en el nivel de la expresión escrita. "Pero también la comprensión lectora supone un conflicto para nuestros estudiantes. Por esta razón se hace necesario dotar a los centros públicos de bibliotecas, y elaborar proyectos que estimulen el hábito de leer en los alumnos", determina la portavoz del STEC.

Por tanto, en base al criterio de Rodríguez, el problema del rendimiento del alumnado no radica en la calidad del profesorado. El asunto es más complejo. "No se trata de que sean mejores los docentes de las escuelas privadas o concertadas que los que ejercen sus funciones en la pública. Independientemente de que sea necesario llevar a cabo reformas pedagógicas y conscientes de los conflictos que ha planteado la LOMCE, es una realidad irrefutable que los profesores de los centros públicos son los mejores profesionales", destaca.

Siguiendo esta línea, un estudio elaborado por el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Álvaro Choi de Mendizábal, que lleva por título 'Desigualdades socioeconómicas y rendimiento académico en España', expone que "a la edad de 15 años se constata una brecha de 82 puntos PISA -el equivalente a dos años de escolarización- entre los alumnos de hogares con un mayor nivel socioeconómico y aquellos con un menor nivel". Una afirmación que secunda la integrante del STEC al decir que "esto es una realidad que se observa en Canarias. Pero el problema que esto representa no solo se centra en que los chicos y chicas repitan curso, sino que opten por abandonar sus estudios a edades tempranas".

Con el propósito de solucionar el conflicto, Rodríguez aboga por que el Ejecutivo canario trabaje en el desarrollo de medidas que permitan compensar estas desigualdades socioeconómicas que afectan, sobre todo, a los menores escolarizados en escuelas públicas. "La primera herramienta debe ser una mejora en la inversión de las partidas presupuestarias que van destinadas a los centros educativos. De hecho, en el Archipiélago llevamos exigiendo que se dirija al menos un 4% de los presupuestos a esta área para poder cumplir con el 5% que contempla la Ley Canaria de Educación de cara a 2020. Pero el Ejecutivo ya ha dicho que no va a poder asumir ese compromiso", lamenta la representante sindical.

Sin embargo, Rodríguez insiste en que la única forma de abordar la problemática es a través de reformas eficaces que promuevan la igualdad de oportunidades. "Hablamos de disminuir el ratio de alumnos por aula, desarrollar medidas de atención a la diversidad, aumentar la plantilla de profesores y los recursos materiales y financieros".