Aún con la molestia del "poco tiempo" dado por el Gobierno de España para analizar la propuesta de modificación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), la consejera del área en Canarias, Soledad Monzón, planteó ayer ante la Conferencia Sectorial varios condicionantes del apoyo de la comunidad autónoma la nueva norma: financiación, oposiciones, consenso y educación infantil son las barreras impuestas por el Ejecutivo regional.
Según especificó Monzón al término de la reunión celebrada ayer en Madrid, las cuestiones planteadas por el Archipiélago y que fueron apoyadas por gran parte de las comunidades autónomas "son fundamentales" para el sistema educativo, máxime si se tiene en cuenta que a juicio de la dirigente nacionalista "los continuos cambios en la normativa "solo han conseguido que la educación pierda cinco años en España". De ahí que para la consejera canaria de Educación sea clave que en la tramitación de la nueva normativa en el Congreso de los Diputados se "alcance el mayor consenso".
Monzón, de hecho, recuerda que durante la anterior etapa se iniciaron los trabajos para alcanzar un pacto estatal por la educación, una cuestión que sin embargo no llegó a concluirse. "Es algo que demanda la comunidad educativa y que es fundamental para que no se tenga que modificar la ley cada vez que se cambia un gobierno", insiste la responsable del sistema escolar en el Archipiélago, quien reclama que el texto que salga de la Cámara "esté llamado a dar mayor estabilidad".
"Cada vez más difícil"
Soledad Monzón apela al diálogo y al consenso en la Cámara puesto que por el momento no ha sido posible el acuerdo en el seno del Gobierno central y, lamenta, ese pacto está "cada vez más difícil". La consejera canaria de Educación basa su sospecha en cuestiones como la inestabilidad política actual en el territorio "o las recientes declaraciones del Partido Popular en las que plantean devolver las competencias al Estado".
Además, la responsable educativa en el Archipiélago recuerda que el propio Partido Socialista, que ahora lidera el Gobierno central, abandonó la mesa de trabajo del pacto estatal por la educación, amparándose precisamente en los impedimentos de fijar una inversión para el sistema público. "La Ley Canaria de Educación No Universitaria fija que la financiación del sistema en 2022 debe ser del 5%, por lo tanto entendemos que el PSOE apoyará también nuestra demanda de que el texto resultante incluya una regulación al respecto", sentencia Soledad Monzón.
Por eso, incluye la financiación como otro de los condicionantes de la comunidad autónoma para apoyar el texto final que modifique la Lomce, también conocida como Ley Wert en referencia al ministro del PP impulsar de la norma, si bien lamenta que por el momento "no hay concreción en el borrador". Es más, Soledad Monzón explica que ni siquiera se ha dado a los consejeros regionales de Educación el documento con las propuestas incluidas tras el período de información pública. "No sabemos si están las aportaciones de las comunidades autónomas, del Consejo Escolar del Estado o cualquier otro organismo", critica.
Aún así insiste en que la postura del Gobierno canario sigue avalando la necesidad de derogar la Lomce, ya que según la dirigente nacionalista "incluye aspectos positivos, como la eliminación de las reválidas o devolver el poder de decisión de madres, padres y alumnado a través de los Consejos Escolares que se había perdido con la nueva Ley".
Pero no ha ocurrido así con otra de las cuestiones que el Gobierno autónomo considera de relevancia y de gran demanda entre la comunidad educativa: la regulación de la carrera profesional docente y del acceso a la función pública. De hecho, el impulso a medidas que mejoren las condiciones de las oposiciones y de la carrera del profesorado es otro de las líneas rojas de Canarias. "Hemos propuesto que se retome el trabajo del grupo creado para analizar un nuevo sistema para que se incluya en la ley, aunque después de desarrolle la norma", dice.
Por último, Canarias volvió a poner sobre la mesa la "urgente" necesidad de regular el primer ciclo de Educación Infantil, que lleva "muchos años en el limbo normativo". "Hay que fijar cómo se va a hacer y cómo se va a gestionar ya que no nos vale que el Estado derive fondos a los ayuntamientos o les permita invertir en centros de cero a tres años y a las consejería no nos lo permita", concluye Monzón.
