Una modificación de la futura ley canaria de Servicios Sociales, actualmente en trámite parlamentario, podrá servir para que el Gobierno de Canarias suprima el plazo máximo de dos años para disfrutar de la Prestación Canaria de Inserción en el caso de familias sin ingresos con menores a cargos.
Según explica la consejera regional Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, se trata de un cambio de la renta de inclusión de tal manera que "el primer colectivo favorecido de forma permanente será precisamente el de las familias con menores a cargo".
"No podemos dejar sin un euro a las una familia en esta situación", argumentó la responsable autonómica quien entendió que de esta manera "por un lado se lucha contra la pobreza infantil y por otro se trata de dar tranquilidad a los progenitores". Se trata de una medida que pretende mejorar el sistema de este ayuda, para el que actualmente existe un plazo máximo como beneficiario de 24 meses, de tal manera que se fije a determinados colectivos para los que este límite desaparezca.
La intención, según dijo Cristina Valido, es que el primer grupo al que llegar con esta modificación sean los núcleos familiares que carecen de ingresos y tienen menores a su cargo, cuestión que se prevé adelantar gracias a la nueva ley de Servicios Sociales si cuenta con el apoyo del resto de fuerzas políticas del Parlamento de Canarias. "Confío en que así sea", dijo la consejera.
No obstante, la consejera de Políticas Sociales del Ejecutivo regional aclaró que tras este grupo se vayan incorporando otros sectores vulnerables que quedarían exentos del límite de tiempo fijado para la prestación. Este proyecto de alto calado tiene un plazo de unos cinco años, un período en el que la Administración pública elevará los fondos destinados a lo que se conocerá como renta canaria de inclusión "hasta 130 millones de euros, frente a los 64 actuales", apuntó Valido.
La propia responsable autonómica admitió que cifrar los beneficiarios finales del Archipiélago "es un cálculo complejo" puesto que, según su argumento, dependerán de la propia situación económica de los ciudadanos y del empleo.
"Por el momento, según las estimaciones de los técnicos en función de varios indicadores, entendemos que podríamos llegar a unas 32.000 familias con la renta canaria de inclusión", defendió la consejera de Políticas Sociales.
Además, destacó que entre los planes del área que dirige se encuentra articular una vía para que incluso la ayuda siga beneficiando a familias cuyos hijos cumplan los 18 años "y puedan seguir estudiando en lugar de verse obligados a trabajar". "Hay muchas circunstancias a tener en cuenta pero todo dependerá de la mejora de la situación económica global", concluyó.
Tres nuevos centros para jóvenes con medidas judiciales
- El Gobierno de Canarias ha decidido construir tres nuevos centros para menores con medidas judiciales y ya tiene el suelo seleccionado en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Así lo indicó ayer la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo regional, Cristina Valido, quien argumentó esta estrategia en la "antigüedad" de los actuales recursos. "Además de los problemas de mantenimiento, para los que se ha hecho una inversión importante, la necesidad de construir nuevos centros se basa también en la propia estructura de los recursos, ya que los actuales no cumplen con la normativa para este tipo de centros", añadió la responsable autonómica antes de resumir que "se parecen más a cárceles que a centros para la rehabilitación de menores".De hecho, la consejera de Políticas Sociales entendió que dentro de ese objetivo de los centros de este tipo se encuentran las "numerosas acciones" en materia de orientación y formación para los jóvenes internos, aunque reconoce que "en algunos casos cuando cumplen la condena salen sin más y no quieren saber nada de nosotros". "Creemos que el empleo es una oportunidad para que no repitan las mismas conductas", insistió.Además, a pesar de recurrir a la no adecuación de los centros, Valido reconoce que el espacio de este tipo de recursos tampoco es suficiente en cuanto a las plazas. "No podemos hablar de saturación pero sí es verdad que hay cierta presión sobre los que tenemos en estos momentos", dijo la consejera, quien indicó que "por ello, además de las diferencias en el perfil y en las acciones a desarrollar para los internos, desde el Gobierno se ha apostado por reforzar otro tipo de recursos como los pisos tutelados".
