Canarias, la comunidad que registra la peor tasa de cobertura del país en la atención a dependientes y que necesitaría cuatro años para asistir a las personas a las que ha reconocido como tales, ha dejado de percibir del Estado 76 millones para el abordaje de estas situaciones.
Así se asegura en el XIX dictamen del Observatorio de la Dependencia, que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en el que se destaca que en 2018 Canarias aumentó en un 11,44 % el número de personas atendidas en relación con el ejercicio anterior, lo que implicó ayudar con prestaciones o servicios a 21.638 dependientes, 2.221 más.
Sin embargo, el informe afirma que el pasado año la comunidad canaria "apenas consiguió reducir la altísima tasa de personas desatendidas, la segunda peor de todo el país, con un 29,3 % de los valorados como dependientes", un problema que se explica, en parte, por el "palmario incremento de valoraciones pendientes, que ya superan la lista de espera de atención".
El informe llama la atención sobre esta situación, ya que "el 80 % de las personas a la espera de valoración serán dictaminadas como dependientes".
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también recrimina en su estudio a Canarias que el 40 % de las nuevas atenciones se dedicaran a prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y que ésta constituya "la principal prestación de su cartera de servicios", una dinámica que se opone a la tendencia que se sigue en el resto del país, y que supone empeorar la financiación estatal, que la penaliza, y generar menos empleo y retornos.
Con todo, el sistema de la dependencia en Canarias, en el que se sigue echando en falta una mejor integración de las atenciones que presta el Gobierno regional y los cabildos insulares, genera 4.820 puestos de trabajo directos, con una tasa de generación de 33 empleos por millones invertido.
En cualquier caso, el informe advierte de que el empleo en este ámbito no crecerá en Canarias "si no se abandonan las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar en favor de servicios de proximidad altamente generadores de empleo, tales como la ayuda a domicilio".
El informe estima en 177 millones de euros el coste del sistema de dependencia en Canarias, una cuantía de la que la comunidad autónoma aporta el 80 % y el Estado el 20 % restante.
Desde 2012, las islas han dejado de percibir del Estado 76 millones de euros para el abordaje de la dependencia, unos recortes que sólo en 2018 supusieron 10,9 millones de euros, con los que, según este estudio, se podría haber atendido a 1.711 nuevos dependientes y crear 353 nuevos empleos.
El gasto público medio anual por dependiente en Canarias es de 6.343 euros, similar al del conjunto del país, pero el gasto público medio del sistema por habitante en las islas es de 60,52 euros, un 131 % menos que la media nacional, lo que se explica por el hecho de que esta comunidad autónoma tenga la peor tasa de cobertura del país: 10,28 dependientes atendidos por cada 10.000 habitantes, frente a los 21,59 de la media nacional.
El sistema de la dependencia generó en el último ejercicio unos 55,9 millones de euros en Canarias y la tasa de recuperación del gasto público fue del 37,8 % del total invertido.
