La problemática de la atención a la dependencia en Canarias vuelve a estar en el punto de mira. Después de que el pasado jueves el Diputado del Común, Rafael Yanes, señalara que sigue tratándose de "la asignatura pendiente" en el Archipiélago y, sobre todo, que el Observatorio de la Dependencia suspendiera la labor realizada en las islas, la directora general de Dependencia y Discapacidad, Eulalia García, rechazaba ayer parte de los datos y ponía en valor el trabajo realizado. Según dijo, "hemos reducido en un 84% la tasa de personas en el limbo desde 2016 e incrementar las personas atendidas en un 11,4%", si bien admitía que "aún no es suficiente".
Uno de los guarismos que mayor polémica ha generado es el coste del Sistema de Dependencia, que el dictamen sitúa en 177 millones de euros, de los cuales Canarias aportaría 118 y sólo el 20% restante correspondería al Estado. "No sabemos muy bien a qué se refieren", apunta García, ya que "sólo en los convenios con Cabildos el Gobierno aportó 104 millones; más la financiación de los Cabildos ya hacen 160, más 30 en prestaciones de financiación propia, excluyendo la aportación del Estado, son 190 millones", a lo que se sumarían "subvenciones a entidades, copago y la aportación para el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias", de manera que en el informe "se detectan errores muy graves".
En cuanto a la financiación pendiente del Gobierno Central, García apunta que se ha dejado de ingresar a 75 millones de euros "que podrían haber solventado las diferencias entre comunidades".
