Solo supone una frase dentro de un borrador, pero ya saltaron las alarmas entre los docentes eventuales, los ciudadanos aspirantes y las organizaciones sindicales tras el inicio del trámite para modificar el procedimiento de constitución de las listas de empleo para el acceso del personal interino por parte de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
En concreto, el documento publicado el 4 de marzo para su consulta pública previa durante quince días naturales incluye, entre las propuestas de modificación del decreto 74/2010, el enunciado "eliminar los ámbitos insulares por su poca efectividad, ya que limitan los nombramientos, frente al ámbito regional, que permitiría mayor disponibilidad de efectivos susceptibles de ser nombrados". Y, en dos jornadas, "una barbaridad" de quejas se recibieron entre los sindicatos presentes en la educación pública, admitió el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (Anpe) en Canarias, Pedro Crespo, organización mayoritaria en el sector no universitario.
No en vano, "suprimir la insularización de las listas, es decir, la elección del territorio por el que los interinos optan a los nombramientos del próximo curso, no se ha planteado en ninguna mesa técnica en ningún momento", recordó Crespo tras considerar "inasumible" la propuesta. No obstante, el máximo responsable de Anpe en el Archipiélago emplazó a los profesores y ciudadanos afectados a valorar el documento "sin alarmismos" al afrontar su primer trámite del procedimiento administrativo, de hecho, aún aguarda por las propuestas individuales y colectivas antes de su posterior negociación sindical y política.
"Ni por asomo, de verdad"
Precisamente, el director general de Personal de la Consejería de Educación, Juan Rafael Bailón, intentó ayer tranquilizar a los centenares de interinos al subrayar que el Ejecutivo autonómico "ni por asomo se plantea la modificación del ámbito insular, por supuesto, aquello que funciona no se va a cambiar, de verdad".
"Otro asunto es que se ponga sobre la mesa las condiciones que generan dificultades para cubrir con agilidad y rapidez tanto las vacantes con las sustituciones, con la mayor transparencia posible, con el objetivo de mejorar el decreto, pero sin crear inquietud", argumentó Bailón para enmarcar el texto de justificación de la iniciativa, disponible en la web canariasparticipa.com de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo autonómico. Mediante el proyecto de decreto de modificación de la norma vigente, la Consejería de Educación y Universidades desarrolla la disposición adicional sexagésimo séptima de los presupuestos generales de la comunidad autónoma de 2018, con la que el Gobierno de Canarias impulsó la separación de la normativa que regula las interinidades del Servicio Canario de la Salud y del personal docente del resto de la función pública, al entender que el funcionamiento y características propias de estas dos áreas justifican una regulación específica, detallaron a finales de febrero desde el departamento dirigido por Soledad Monzón.
A través de la consulta pública previa, introducido en la tramitación de los expedientes por el artículo 133 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en este primer periodo se informa del esquema principal para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas. En este caso, el esbozo se compone de los problemas que pretende solucionar el nuevo decreto, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la futura norma, y las posibles soluciones alternativas de regulación, detallaron mediante nota de prensa desde Educación, un proceso administrativo valorado "muy positivamente" por Anpe si no cuestiona "los derechos adquiridos del profesorado interino, limitando absurdamente la posibilidad de reducir su ámbito de prestación de servicios a una o varias islas" en contra de la conciliación laboral y familiar.
