El Tribunal Superior de Justicia de Canarias exige al Gobierno autonómico una evaluación psicopedagógica a un alumno de enseñanza primaria, con diagnóstico de dislexia en un gabinete privado, y la adopción de las "medidas necesarias para la adaptación metodológica del menor" de edad, al que considera vulnerados sus derechos constitucionales de igualdad y educación.
En una sentencia del 18 de diciembre del pasado año, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC acepta la demanda de la familia del niño, que prefiere mantener el anonimato en ejercicio de su derecho a la intimidad, contra la desestimación por silencio administrativo de una reclamación interpuesta a finales de 2017 ante la Consejería de Educación y Universidades. Presidido por César José García Otero, el órgano judicial falla sobre un recurso por la vía del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, trasladado por falta de competencia objetiva desde el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5, y dicta una sentencia, también firmada por los magistrados María de las Mercedes Martín Olivera (ponente) y Francisco Javier Varona Gómez-Acedo, "pionera [en España] ya que ofrece una solución rápida y eficaz" a los niños con dislexia, destaca La Casa del Funcionario, asociación sin ánimo de lucro impulsora de un caso con asistencia legal de María Berenice Moreno.
En la resolución, que condena a la administración en costas con un límite de 1.500 euros por honorarios de abogado, se recuerda que el alumno del centro concertado Cooperativa de Enseñanza Juan Ramón Jiménez, aunque ahora estudia quinto curso en otro centro público de la capital grancanaria, cuenta desde noviembre de 2014 con un dictamen del Gabinete Psicopedagógico Tafalla sobre su dislexia, una dificultad específica del aprendizaje obviada por sus responsables docentes durante dos cursos hasta su negación mediante un preinforme psicopedagógico en junio de 2017. Sin embargo, "en el expediente académico del menor se hace constar ya en el curso escolar 2014/15 que necesita de un apoyo dentro del aula que le ayude a avanzar, siendo evidente su problema de dislexia, sin que conste la adopción de medida alguna", sentencia la sala. Según el TSJC, "el informe remitido por el centro escolar no es concluyente a los efectos pretendidos pues el hecho de que el menor tenga un coeficiente intelectual de 116 no implica que no existan las dificultades de aprendizaje, las cuales han sido puestas de manifiesto a través del estudio realizado por el gabinete privado al que tuvieron que acudir los padres por la nula respuesta dada por el centro y las autoridades educativas".
