Pacientes y Gobierno de Canarias priorizaron ayer los cuidados paliativos frente a la eutanasia tras la reaparición en España del debate sobre la intervención voluntaria en favor de la muerte de un paciente terminal, en plena precampaña electoral, a raíz de la ayuda prestada a mitad de semana por Ángel Hernández para el fallecimiento de su mujer, María José Carrasco, enferma durante tres decenios de esclerosis múltiple.

Precisamente, desde la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (Aedem) en la capital grancanaria eludieron pronunciarse acerca de la conveniencia de una regulación de la eutanasia en el conjunto del Estado, como reclaman diversos partidos políticos y colectivos sociales. "Nuestra postura es clara, no nos posicionamos porque trabajamos para mejorar la calidad de vida de los pacientes, no entramos a valorar algo tan personal y difícil", zanjaron desde Aedem tres días después del suicidio de la enferma con la patología neurológica crónica mediante la asistencia de su marido, detenido pero liberado tras prestar declaración judicial a la espera del proceso penal.

En similares términos se expresaron desde la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico, que a mitad del pasado año aprobó la Estrategia de cuidados paliativos 2018-2021 con un presupuesto de 4,2 millones de euros. "El Servicio Canario de la Salud apuesta, dentro de su marco competencial, por continuar potenciando la actividad de los cuidados paliativos, que permite a los pacientes con patologías severas superar la fase final de la vida de la mejor forma posible con la atención y los recursos que precisen en cada momento por parte del personal sanitario en todas las Islas", destacaron fuentes oficiales antes de cifrar los pacientes de la especialidad en 6.500 personales al año en el Archipiélago.

En definitiva, "la Estrategia da respuesta a las necesidades de un sector de la población para los que la prioridad es la calidad de vida frente a la curación, de la que ya no puede ser tributario", concluyeron desde Sanidad en referencia al documento coordinado por el doctor Marcos Gómez, un referente de la especialidad en España, que contempla en cuatro años más de un centenar de camas y casi 80 profesionales (21 médicos, 38 enfermeros, 10 psicólogos y 10 trabajadores sociales). Además del plan sobre paliativos, Canarias cuenta desde marzo de 2015 con una ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida.

Ya existen varias comunidades con leyes propias en este ámbito, pero algunas autonomías (Cantabria o Castilla y León, por ejemplo) no aplicaron todavía a la espera de la aprobación de una normativa estatal. Aunque la eutanasia carece de regulación en España, actualmente, existe una ley de muerte digna que fija las condiciones a las que puede acogerse una persona en fase terminal.

A finales de 2018, el Congreso de los Diputados aprobó, con el apoyo de Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista, Podemos y algunos miembros del Grupo Mixto, una normativa que incide en el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales. Mientras, el Código Penal establece en el artículo 143 que "el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años", una condena que se reduce en caso de que este acto se realice "por la petición expresa, seria e inequívoca de éste" en el caso de enfermedad grave.

"Sin miedo, estoy tranquilo"

La tranquilidad expresada ayer por Ángel Hernández contrastó con la tormenta desatada en la clase política sobre la legalización de la eutanasia, en la que también entró la Iglesia.

"No tengo miedo, estoy tranquilo, mi mujer dejó de sufrir", dijo una y otra vez en su domicilio, donde convocó a los medios de comunicación, acusado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio en un juzgado de Madrid, para "seguir con la batalla" de la regulación de la eutanasia. Su defensa pedirá que se aplique la atenuante que contempla el artículo 143.4 del Código Penal para que no tenga que entrar en prisión, pero no descarta solicitar el indulto si hay una condena.

Aunque la decisión compete al Gobierno, su portavoz, Isabel Celáa, no entró en el asunto, pero expresó el compromiso del Gobierno de impulsar "la regulación del derecho a una muerte digna con todas las cautelas" y llevarlo "cuanto antes" al Parlamento para su aprobación. Celáa subrayó que no le "parecen de recibo" las críticas de la oposición de que el Gobierno haya utilizado la eutanasia en campaña, ya que lo ocurrido "fue tan fuerte, tan extremadamente doloroso que cualquier responsable político, estaba al alcance de todos, podía haber hecho un comentario al respecto".

La necesidad de una ley de eutanasia la defendió la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, porque, cuando una persona tiene una enfermedad incurable o está en fase terminal, la decisión de poner fin a su vida es exclusivamente suya y no deben intervenir criterios religiosos, morales, éticos, médicos o judiciales. La mayoría de las críticas vinieron del PP, que reprochó al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "electoralismo" por abrir un debate sobre la eutanasia en plena campaña, mientras que se mantiene en su postura de apostar por los cuidados paliativos como medida para las personas que se encuentran en el "proceso de morir".

Desde Ciudadanos y Podemos también defendieron la regulación de la eutanasia y la Iglesia advirtió que "la muerte provocada no es la solución".