Cinco médicos especialistas demandaron el pasado marzo ante los juzgados de lo social de la capital grancanaria al Servicio Canario de la Salud (SCS) por incumplimiento de las obligaciones legales en riesgos laborales como consecuencia de la "pasividad y/o inactividad" de la gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Chuimi) ante el "deterioro grave" de sus condiciones de trabajo casi durante los últimos tres años, en concreto, desde el nombramiento en 2016 del actual jefe de cardiología en funciones del centro sanitario público.
Aunque reclaman una indemnización de 20.000 euros o "la cantidad que se estime ajustada considerando los desequilibrios emocionales y de salud que han venido soportando" para cada demandante, que preservan su identidad en ejercicio del derecho a la intimidad, los facultativos especialistas de área destacan su solicitud a la administración judicial para que el SCS adopte "todas las medidas que sean precisas y necesarias para atender todas los riesgos psicosociales de la sección de hemodinámica y electrofisiología del servicio de cardiología del Chuimi, así como para la 'normalización' de las relaciones y condiciones laborales". De acuerdo al texto de la demanda, ya admitida a trámite, "el deterioro del clima laboral se debe a la actitud despótica y arbitraria del jefe de servicio, indiferente a las consecuencias que pueda tener sobre el personal o los usuarios, dirigida a amedrentar y a coaccionar a los facultativos y personal sanitario que considera como no afines y sin atender a razonamiento alguno; dando lugar a una desorganización de ambas secciones, con modificaciones sorpresivas constantes por su parte de las previsiones y programaciones (...) sin reunirse nunca previamente con los comparecientes o establecer una coordinación y menos todavía realizar delegación alguna".
Al margen de su "intolerable" conducta, incluso "con desprecios e insultos personales a los comparecientes", el jefe de cardiología del Insular "pone en riesgo la salud de estos trabajadores y de los pacientes (...) dado que se ven abocados a realizar en un estado de tensión y ansiedad inaceptable operaciones de riesgo para la vida (...) dada la naturaleza invasiva de su trabajo, sin que se haya adoptado medida alguna por el SCS, primero para prevenir y luego para restablecer la normalidad en las relaciones laborales y funcionamiento" de hemodinámica y electrofisiología. Además, el caso judicial no se limita a un desencuentro personal o profesional entre médicos especialistas como jefe y subalternos, en su mayoría compañeros anteriores en la misma sección, porque enfermeros y auxiliares ya registraron una queja en 2016 por "insultos graves, maltrato y amenazas" (entre otras frases, "grito porque son todos unos hijos de puta" y "a partir de ahora se van a enterar"). De hecho, una decena de enfermeros y auxiliares se sumaron a los doctores en febrero de 2018 para solicitar, ante el "silencio" o la "inacción" tras anteriores trámites, la adopción de "medidas oportunas para la resolución del conflicto a corto plazo y la activación del protocolo de actuación frente al acoso laboral".
"Aún más indefensión"
Desde la dirección del complejo hospitalario recordaron ayer, precisamente, la activación del protocolo de acoso en abril del pasado año a solicitud del personal de acuerdo a las disposiciones estatales, con resultado negativo.
En efecto, la asesoría jurídica informa de palabra durante una reunión con los médicos, casi ocho meses después de la petición y sin la presencia de enfermeros o auxiliares, que "no existe acoso laboral por no cumplirse todos los criterios y que se va archivar el protocolo", según la propia demanda, aunque "sin dictar la obligada resolución expresa" con el consiguiente resultado de "aún más indefensión" y la propuesta verbal de una simple mediación "por deferencia del director gerente", Víctor Naranjo. Además, "no hay conflicto con auxiliares ni enfermeras, motivo por el cual no han sido citados, (...) pese a reconocer con respecto al jefe de servicio al menos 'dos situaciones puntuales' que podrían constituir faltas disciplinarias (insultos), pero se aduce defectos de forma en la denuncia por escrito y que los hechos están prescritos (evidentemente, ante la inactividad del SCS)", de acuerdo a una demanda laboral interpuesta tras agotar en enero la vía administrativa sin recibir respuesta y fundamentada en una veintena de folios como resumen de tres años de conflictos en el servicio de cardiología del Insular.
