La consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias busca una solución para liberar las subvenciones que concede a empresas ?públicas o privadas? y Centros Especiales de Empleo por trabajadores con discapacidad contratados.
El ejecutivo regional se ha visto arrollado por el problema después de aplicar, a través del Servicio Canario de Empleo, una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) que determina la distinción entre discapacidad e incapacidad laboral. En la disyuntiva entre ejecutar la ley ?aprobada por el Estado en 2013? o el fallo judicial ?con fecha de noviembre de 2018?, la administración insular optó por cumplir la resolución del alto tribunal y, de inmediato, congeló las ayudas ?abona la cuota íntegra de la Seguridad Social y la mitad del salario mínimo interprofesional? por los profesionales con discapacidad que ejercen en el mercado laboral de las Islas.
"Pase lo que pase", explicaron ayer desde la consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, "vamos a articular una solución para este problema. Sea lo que sea, si hay que aplicar la Ley General de Derechos de la Personas con Discapacidad de 2013 o si hay que ejecutar la sentencia del Supremo, nosotros buscaremos una vía para arreglar este embrollo. No vamos a dejar tirado a nadie. Esperamos que el Estado se manifiesta pronto, ya que el fallo del Supremo considera que se excedió al unir las normas sobre la discapacidad".
El Ejecutivo regional ya ha encargado un informe jurídico que ofrezca una salida al aparente callejón sin salida en el que se encuentra el problema. "Nuestros técnicos", argumentaron desde la administración pública, "nos recomendaron aplicar la sentencia del Supremo". "Y en nuestro caso", añadieron, "la situación se enreda porque somos la única comunidad que adelanta el pago de los gastos para cubrir la cuota de la Seguridad Social y la mitad del salario mínimo interprofesional. Más allá de eso, el compromiso es dar con una solución".
El rompecabezas ha encontrado un eco multiplicador en Canarias debido a una decisión del propio Servicio Canario de Empleo: solicitar un nuevo certificado que acredite un 33% o más de discapacidad ?que debe ser solicitado en los centros base? y rechazar las calificaciones repartidas hasta ahora por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Esa nueva exigencia se ha dado de bruces con una dificultad extra en las Islas: la lentitud de la burocracia en las Islas provoca amplias listas de espera en los propios centros base, demora que puede alcanzar el año y medio.
Nueva exigencia
En ese escenario, si el profesional con discapacidad no puede acreditar la nueva calificación, el Servicio Canario de Empleo ha optado por congelar el pago de las subvenciones a los Centros Especiales de Empleo y empresas, decisión que deja en el aire la situación laboral de cerca de 5.000 personas.
La raíz del problema se localiza en 2013, cuando el Gobierno de España redactó una ley en la que establecía que "tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento".
Mismos derechos
A partir de ese criterio, el Estado determinó que, para todos los efectos de esa ley, tanto las personas en situación de incapacidad como aquellas con discapacidad tenían los mismos derechos. Con esa resolución, el Ejecutivo nacional otorgó derechos a personas que no tenían grado de discapacidad real y les permitió acceder a Centros Especiales de Empleo como personas con discapacidad.
Cinco años después, el Supremo ha considerado que la Ley de Derechos de la Personas con Discapacidad confundió, sin autorización legal, todos los ámbitos de aplicación de los derechos de las personas con discapacidad con los de aquellas en situación de incapacidad laboral.
