"Estamos en riesgo de desaparecer porque somos una entidad pequeña, que como muchas otras, se mantiene gracias a las subvenciones de la administración pública", apostilló Jenifer Lárez, responsable de servicios de la Asociación Canaria de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo (Actrade) -que desempeña su actividad con colectivos de afectados por el Trastorno del Espectro Autista (TEA), en el Colegio de Las Coloradas-. Unas palabras que pronunció como muestra de disconformidad con el reparto de las subvenciones con cargo al 0,7% solidario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes al ejercicio de 2018, y que resolvió el pasado 3 de mayo la Consejería de Empleo, Políticas, Sociales y Vivienda del Ejecutivo autonómico. "Nos hemos quedado fuera de esta asignación económica que nos concedía un ingreso de 18.000 euros", dijo la profesional del centro capitalino.
Lo cierto es que de las 182 entidades que solicitaron esta ayuda en la Comunidad Autónoma de Canarias, solo 48 obtuvieron el beneficio. Un episodio que se encuentra asociado a los criterios de baremación definidos por el Estado -después de la modificación experimentada en el modelo de asignación de estas subvenciones- y que han repercutido negativamente a muchas de las entidades del tercer sector.
De hecho, a lo largo de esta semana, las asociaciones que ejercen su labor con mujeres víctimas de la violencia de género o en riesgo de exclusión social mantuvieron una reunión con la titular de la citada área del Ejecutivo canario, Cristina Valido, que se tradujo en su firme compromiso por poner en marcha un mecanismo de financiación directa. "¿Y nosotros qué?", cuestionó Lárez.
"Lo que reivindicamos es que se revisen las bases para que sean adaptadas a la realidad canaria, y que tengan en cuenta a todos los colectivos", defendió la responsable de servicios de Actrade. "El problema", prosiguió, "es que nos exigen cumplir unos requisitos muy estrictos, como puede ser el hecho de atender a una elevada cifra de usuarios, y que jamás vamos a poder alcanzar las asociaciones pequeñas".
Según indicó la profesional, la resolución pone en serio peligro a los proyectos que lleva a cabo la asociación. Siguiendo esta línea, una de las iniciativas que presentaron de cara a la convocatoria de esta subvención fue la que lleva por título, Vida autónoma . Se trata de un programa de atención temprana destinado a mejorar la habilidades que fomentan la consecución de la autonomía en los afectados, y que suma ya tres años de recorrido. Un proceso que tiene como claro propósito potenciar la inclusión, al tiempo que pretende facilitar el tránsito del colectivo a la vida adulta. "Ahora vamos a vernos en la obligación de paralizar esta intervención por no disponer de los fondos necesarios para su desarrollo", sentenció Lárez.
A esto cabe sumarle la interrupción del programa denominado Respiro familiar, que también lleva en funcionamiento desde 2016. Esta iniciativa pretende conciliar la vida en familia y reducir el nivel de ansiedad que manifiestan los progenitores, fruto del elevado grado de "dependencia" que muestran muchos de los aquejados por este trastorno.
Pero estas acciones no serán las únicas que se verán afectadas. En base al testimonio de la responsable, este año, el centro quería asumir el reto de poner en marcha un "mini-piso" en una de las aulas espacio, con el propósito continuar fortaleciendo el tránsito a la vida adulta. "Queremos darle a nuestros chicos las instrucciones necesarias para que sean capaces de llevar a cabo las actividades propias de la vida cotidiana pero, si nos quitan las herramientas que requerimos, será imposible", valoró.
En la actualidad, Actrade presta asistencia a un total de 45 usuarios y 115 familias. La cifra ha aumentado de forma significativa si se compara con la registrada hace tan solo dos años, cuando la entidad facilitaba sus servicios a 27 usuarios y 75 familias.
"Lo que más nos preocupa es que si el Gobierno autonómico no toma las medidas oportunas nuestros usuarios no van a poder recibir la atención que necesitan, porque no tenemos fondos suficientes como para continuar con todos estos proyectos, y mucho menos poner en marcha otros nuevos", insistió Jenifer Lárez.
Asimismo, puso en relieve que los chicos que acuden a esta entidad tienen un nivel de afectación que oscila entre moderado y severo. "Tenemos casos muy graves que requieren mucha ayuda. Esta atención es muy costosa y si no contamos con el presupuesto necesario no podremos asistirles", resaltó.
Una opinión que secundó Isabel Puga, madre de dos menores afectados por el TEA, a los que también presta servicios Actrade. "Si no tenemos dinero, no podemos hacer nada para ayudar a nuestros hijos en su desarrollo", lamentó. De hecho, esta madre valoró positivamente la labor que ha realizado Actrade con sus hijos, al haber promovido en ellos un notable avance. "La asociación nos ha ayudado mucho, y siempre que he necesitado apoyo me lo han facilitado sin ningún tipo de problema. Los niños han conseguido mejorar sus habilidades sociales, y lo que no se puede consentir es que se queden sin este respaldo", expresó.
Ante esta problemática, y con el propósito de brindar respaldo a estas asociaciones, Cristina Valido ha garantizado que el Ejecutivo canario "adelantará este año la convocatoria de subvenciones genéricas". Unas ayudas que además contemplan una línea específica para dar continuidad a los programas que están destinados a prestar ayuda a las personas con discapacidad. "En esta ocasión, tendrán prioridad todas aquellas asociaciones que han quedado fuera de las ayudas con cargo al 0,7% del IRPF, por no haber entrado en la baremación que estima el Estado", comunicó Valido.
Además, aseguró que el Ejecutivo canario incrementará la financiación que presta a los Cabildos, y que propondrá una nueva fórmula para adaptar las bases de la convocatoria de las subvenciones del IRPF "a la realidad del tercer sector que presenta el Archipiélago".
