Aprobada hasta ahora en memoria histórica, al menos en el proceso de búsqueda e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, Canarias se prepara para mejorar la nota en verdad, justicia y reparación sobre cuatro decenios de su historia (1936-1978). "Las cosas se han hecho bien y son homologables en los aspectos técnico-científicos y organizativos; a la vez que se ha intervenido con equipos, se han generado documentos, informes periciales en condiciones; he procurado que me dejaran tener acceso a casi todos por cortesía y no puedo decir que hayan hecho mal", valoró ayer el doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco y presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Francisco Etxeberria Gabilondo, durante la primera jornada del I Congreso Administrando la Memoria, organizado en la capital grancanaria por el Gobierno autonómico.
Bajo el lema La importancia de las iniciativas ciudadanas, el encuentro se desarrolla gracias a la colaboración de la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas (AMHA) y concluye hoy en el edificio Usos Múltiples I, menos de un semestre después de la aprobación de la ley 5/2018 en el Parlamento de Canarias. "Las normas están un poquito flojitas y las subvenciones, más aún, pero gracias a nuestra constancia ante las administraciones se van consiguiendo cosas y, por lo menos, vemos un poquito la luz al final del túnel, trabajando y buscando medios para muchos demócratas que todavía nos faltan por sacar, en la sima de Jinámar y otros dos pozos en Arucas, es costoso pero no imposible; vamos a ver cómo se va solucionando, eso sí, tenemos esperanzas y hay voluntad, cuando empezamos se nos cerraban las puertas y ahora ya podemos dialogar con los políticos, ahí seguimos", argumentó la presidenta de AMHA, Pino Sosa, tras agradecer la financiación recibida del Cabildo grancanario y el Ayuntamiento aruquense, para la exhumación de dos fosas en el municipio norteño, y reclamar fondos a los ejecutivos estatal y autonómico, para las restantes.
Para el forense Etxeberria, Premio Derechos Humanos de la Diputación Foral de Gipuzkoa 2006, la norma autonómica de memoria histórica resulta, transcurridos once años desde la aprobación de la ley estatal, "completamente necesaria porque formaliza el liderazgo institucional para dar amparo y cobertura a los familiares, además de ofrecer más garantías a los profesionales y técnicos para acceder a los medios, se suele decir económicos pero no es solo una cuestión de dinero, sino también organizativa, por ejemplo, poder entrar en un archivo sin que te miren mal ni raro".
Un informe final
En opinión del también especialista en antropología y biología forense de la Universidad Complutense de Madrid, "falta reunir y ordenar mejor todos los datos, desde luego, el punto último es oficializar toda la información disponible en un archivo público de acceso ciudadano, dentro de una legislatura o poco más sería perfectamente posible presentar desde el Gobierno o el Parlamento un documento con la realidad de lo que sabemos, es necesario conocer cuántos restos se han identificado con pruebas genéticas o quiénes eran; después de acumular un tiempo de trabajo, cuesta ponerse de acuerdo en un informe sujeto a críticas y errores que recoja todo, pero el punto final costaría cero euros, nada".
Tras reconocer tanto el "impulso" de los colectivos ciudadanos como el "diálogo y consenso" de las fuerzas parlamentarias en la ley autonómica, el consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, confió en que el I Congreso Administrando Memoria permita "recopilar todas las ideas buenas de otras partes del Estado y ver qué más podemos hacer en colaboración con las asociaciones para recuperar los cuerpos y reconocer el daño junto a, lo más importante, realizar una labor pedagógica para que la sociedad no olvide".
