El síndrome del trabajador quemado, también conocido por el término inglés burnout, amenaza a profesionales vocacionales, fundamentalmente, como docentes y sanitarios, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que a finales de mayo acordó introducir el trastorno en su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) para su vigencia a partir de 2022. De hecho, una encuesta realizada el pasado febrero por la asociación La Casa del Funcionario a casi 300 empleados del Servicio Canario de la Salud (SCS) alerta de una incidencia del 65,8%, es decir, seis de cada diez trabajadores de la sanidad pública isleña consideran que sufren el síndrome del desgaste profesional.
"No me sorprende el dato, ya se describieron porcentajes similares en la literatura médica", valora el psicólogo clínico y forense Marcos Martín del Castillo al vincular el síndrome del quemado, básicamente, con el incumplimiento de las expectativas generadas entre profesionales con alta motivación. Especialista madrileño con casi dos decenios de ejercicio en las islas capitalinas, ahora con despacho propio en Gran Canaria (psicologialaspalmas.com), Martín del Castillo añade que la excesiva carga laboral puede afectar a la calidad asistencial sanitaria hasta degenerar, junto a la confluencia de otros factores como las difíciles relaciones personales con jefes, colegas, pacientes o familiares, en el denominado síndrome de desgaste profesional, de acuerdo al término publicado en el diccionario de la Real Academia Nacional de Medicina.
Según la 72º Asamblea Mundial de la Salud, el trastorno se caracteriza una sensación de cansancio extremo o agotamiento físico y emocional, sentimientos negativos o cinismo con respecto al trabajo, y reducción de la eficacia profesional. "El desgaste profesional no surge súbitamente, sino que se gesta en un periodo que varía entre cinco y ocho años de desgate continuo y estrés crónico en el contexto laboral, por general, suele afectar más a las personas muy comprometidas con su trabajo", explicaron dos semanas atrás desde la OMS, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante el largo plazo gestante, precisamente, la presidenta de La Casa del Funcionario, Francisca Fanny Barreto, relaciona las actuales tasas elevadas de burnout con la "enorme precariedad laboral" sufrida en el Sistema Nacional de Salud (SNS) como consecuencia de los rectores presupuestarios ejecutados a principios de la década tras la crisis económica.
"No hay protocolo"
Sin embargo, "no hay protocolo del síndrome del quemado en el SCS", lamenta Barreto, también enfermera especialista en ginecología y obstetricia, antes de equiparar los índices isleños a otras comunidades autónomas.
No en vano, "más de la mitad de los profesionales, seis de cada diez, ha sobrepasado el grado de estrés hasta tener la percepción de estar quemado en su trabajo", advirtieron desde el Sindicato de Enfermería (Satse) a finales de 2012. Según el estudio Percepción de estrés en los profesionales de enfermería en España del Satse, "con unos resultados en estos límites la administración debería plantearse actuar".
Entre una mayoría de enfermeras y médicos, también profesionales no sanitarios, como celadores y administrativos, participaron a principios de año en el sondeo a 284 trabajadores del SCS en Gran Canaria elaborado por La Casa del Funcionario, asociación sin ánimo de lucro en defensa de los empleados públicos constituida por Fanny Barreto tras el reconocimiento judicial de su incapacidad permanente para ejercer como matrona a causa del síndrome del quemado en 2016. Tras protagonizar una sentencia pionera en España, la presidenta de La Casa del Funcionario impulsa desde entonces casos similares como, por ejemplo, la reciente sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas de Gran Canaria que reconoció el síndrome del quemado como un accidente laboral en la demanda de una médica de atención primaria, en la que pedía que se declarase el periodo de incapacidad temporal como consecuencia de contingencia profesional, y condenó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Mutua de Accidentes de Canarias y al SCS.
