"El Gobierno de Canarias no ha hecho nada", lamentó este viernes la portavoz de la plataforma Afectados por iDental en Las Palmas, Paz Monzón, durante una concentración ante la sede presidencial autonómica en la capital grancanaria para reclamar "soluciones ya" a las administraciones públicas, más allá del proceso penal en tramitación por la Audiencia Nacional, por el "grave atentado contra la salud" causado por la cadena de clínicas, cuyo cierre a final del pasado año perjudicó a más de 21.000 personas en Canarias y 450.000 en España con créditos pendientes por tratamientos inconclusos.
Pese a la suspensión cautelar de las reclamaciones financieras dictada por el juez José de la Mata, que investiga presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental y administración fraudulenta, el coordinador de Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) en Canarias, Manuel Fajardo, denunció que "las propias entidades están vendiendo el derecho de crédito a un tercero, incluso en muchos casos se está inscribiendo en ficheros de morosos o se reciben llamadas con presiones para que continúen pagando", por lo que adelantó la próxima presentación de "demandas civiles colectivas en defensa de los derechos de los consumidores, de la parte económica".
Tras acusar de incumplir su promesa de amparo a la directora general autonómica de Comercio y Consumo en funciones, Ángeles Palmero, la representante del colectivo reclamó a la Consejería de Sanidad las copias de las inspecciones realizadas a la única clínica de iDental en Canarias, situada en la capital grancanaria, además de los permisos de apertura al Ayuntamiento de la ciudad.
Custodio de los 19.403 historiales incautados en el desahucio del edificio en la calle Venegas, desde Sanidad informaron este viernes de la entrega de 595 expedientes hasta el 14 de junio, es decir, tan solo solicitó copia del documento el 3% de los afectados.
Una víctima mortal en Ingenio
Tras estimar la supuesta estafa en 66 millones, con una deuda media de 3.000 euros por paciente perjudicado, el coordinador de Adicae en Canarias consideró que el Gobierno autónomo "podría ayudar, por ejemplo, facilitando un censo de los afectados, poniendo en marcha un protocolo de actuación a nivel sanitario o llegando a acuerdos con el Colegio de Dentistas de Las Palmas, porque muchas financieras están solicitando peritajes judiciales, bastante costosos".
Ante el próximo cambio político en el Ejecutivo canario, "solo confiamos en quien nos ayude, tenga el color que tenga, ahora mismo abanderemos el rojo, el color de la sangre, y el negro, como tienen el corazón estas personas que nos han hecho esta masacre", sentenció Paz Monzón en referencia a los catorce encarcelados por el presunto fraude de iDental.
Durante la lectura del manifiesto, Afectados por iDental Las Palmas recordó el reciente suicidio de un compañero del colectivo, "un vecino de Ingenio que ahora descansa en paz y que no pudo superar tamaño dolor y desesperación ocasionados por estos mercenarios por los que hemos sido masacrados y vapuleados, por las clínicas de los mal llamados 'dentistas con corazón".
