La Diputación del Común trabaja junto con la Diócesis de Canarias en el desarrollo de acciones que permitan integrar en el contexto social a las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual. Así lo acordaron ayer la adjunta especial de Igualdad y contra la Violencia de Género del alto comisionado del Parlamento autonómico, Beatriz Barrera, y el obispo de la delegación provincial de la Iglesia Católica, Francisco Cases. "Queremos trabajar juntos para poder abordar la trata de seres humanos -fundamentalmente mujeres-. Hay que tener en cuenta también que la Iglesia realiza una labor asistencial muy importante en lo que concierne a la lucha contra este tipo de violencia, a través de sus ONG", explicó Barrera, para después recordar que ya la pasada semana mantuvo una reunión con la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna con el fin de trazar los mismos pasos.
Siguiendo esta línea, la adjunta hizo referencia al proyecto Daniela, que desarrollan las Hermanas Oblatas en la provincia de Las Palmas, y que está centrado en prestar auxilio a todas las féminas que han sido presas de las mafias. "Las Hermanas Oblatas realizan un trabajo excelente y complementario al que pueden ejecutar otras asociaciones de mujeres, que en realidad, no están especializadas únicamente en tratas sino en violencia de género en general. Estamos hablando de un colectivo muy vulnerable, pues las víctimas de las tratas han acabado ejerciendo también la prostitución, y necesitan recibir la atención adecuada para potenciar su integración", apuntó.
Teniendo en cuenta esto, Barrera se mostró contundente al asegurar que la trata de seres humanos "es un asunto que debe ser abordado seriamente desde todas las instituciones públicas". En este sentido, indicó que ya los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado están depositando todos sus "esfuerzos" para poder erradicar esta problemática"y hemos acordado establecer líneas de colaboración para que sea posible cumplir este propósito".
Por esta razón, consideró "imprescindible" que la cooperación que ha iniciado la Iglesia Católica con el alto comisionado del Parlamento tiene que ser "constante" y pasar por el intercambio de información, el análisis minucioso de la problemática y por dar cobertura a todas las necesidades que demande el colectivo. "La Diputación del Común debe actuar como un altavoz para poder acceder de forma eficaz a los focos de los problemas", dijo Barrera.
Canarias
Asimismo, puso en valor que el Archipiélago es una de las comunidades autónomas "más afectadas" por este conflicto. Una realidad que se encuentra asociada a su condición de región turística y con notables movimientos migratorios. "Madrid, Valencia, País Vasco, la costa de Levante y Andalucía son otras de las comunidades que más sufren esta problemática. Si bien es cierto, que es difícil disponer de cifras exactas", anotó.
Por su parte, la Diputación del Común prevé organizar unas jornadas en el Parlamento de Canarias a principios del próximo mes de octubre para poner sobre la mesa esta cuestión, y estudiar las distintas acciones que pueden emprender los diferentes órganos. "El objetivo es descubrir, a través del Plan Integral de Lucha Contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, que se está ejecutando y evaluando en estos momentos en colaboración con las comunidades autónomas, las soluciones que se han encontrado, el porcentaje de víctimas que pueden escapar y que logra integrarse en un sistema de vida normal, además de apostar por el desarrollo de iniciativas que sirvan para poner remedio a los traumas que puedan presentar todas esas personas que escapan de sus países con la esperanza de encontrar una vida mejor, y acaban cayendo en un pozo aún más profundo", valoró la adjunta.
Metas
Asimismo, Barrera puso de relieve que, desde la creación el pasado año de la Adjuntía Especial de Igualdad Entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género, "estamos trabajando de un modo excelente y hemos logrado llegar a muchísimos rincones que la administración no puede alcanzar".
Sobre estas líneas, aclaró que otra de las metas que se marca el alto comisionado es tratar de "controlar" la labor de las administraciones públicas "para que el plan que se está llevando a cabo en materia de violencia de género incluya a las mujeres que son víctimas de la trata". "Muchas veces no pueden salir de este círculo vicioso", prosiguió Beatriz Barrera, "pero una vez emergen y pueden escapar es muy importante que sean integradas en la sociedad de la misma forma que cualquier otra víctima de la violencia de género".
