La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) denuncia que un vigilante que trabaja en el centro de internamiento educativo para menores infractores (Ciemi) de Valle Tabares fue condenado en firme por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y, a pesar de ello, estos últimos días ha seguido desempeñando su actividad laboral.

El responsable autonómico de Seguridad Privada en dicha organización sindical, Gustavo Villalobos, presentó el pasado jueves un escrito al subdelegado del Gobierno, Jesús Javier Plata Vera, y a la Policía Nacional para advertir de dicha circunstancia. Además, Villalobos adjuntó la sentencia firme contra el referido empleado.

El portavoz del CSIF explicó que la actual situación del empleado supone un "incumplimiento evidente" de la Ley de Seguridad Privada, que impide que una persona sea "vigilante si tiene antecedentes penales, y menos si es una sentencia en firme, y menos por violencia de género".

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que después fue ratificada por la Audiencia Provincial, impone al acusado una medida de alejamiento de la afectada de 500 metros, entre otras cosas. El último escrito judicial sobre este asunto tiene fecha de 17 de julio, es decir, de hace casi dos meses. Supuestamente, el condenado estuvo de baja varias semanas y el viernes 6 de septiembre se incorporó a su puesto de trabajo.

Autor de malos tratos

La sentencia remitida a la Subdelegación del Gobierno y, a su vez, al área de Seguridad Privada de la Policía Nacional condena a J.J.G.H. como autor de malos tratos a seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, así como privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años.

Además, en el texto judicial se establece la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudios, o cualquier otro espacio que frecuente por un tiempo de dos años. Tampoco puede comunicarse con la afectada a través de cualquier medio verbal, escrito, telemático o de otra índole por un tiempo de 24 meses.

En junio pasado, ya se informaba de que dicho empleado de la empresa de seguridad que tiene la concesión en el centro de internamiento educativo para menores infractores de Valle Tabares seguía en su puesto, a pesar de que había sido condenado por la Sección V de la Audiencia Provincial. En aquel momento, el implicado todavía podía recurrir a una instancia superior, por lo que la resolución judicial no era firme.

Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron a mediados de octubre del 2018 en un domicilio situado en Los Llanos de Aridane, en La Palma. En el transcurso de una discusión, el hombre trató de quitarle el teléfono móvil a su novia y la empujó sobre la cama, "agarrándola por el cuello y apretando de manera fuerte, sin llegar a producirse lesión". Como consecuencia del hecho, la Guardia Civil procedió a la detención de J.J.G.H., que fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santa Cruz de Tenerife en noviembre pasado.

Según aseguró el entorno de la mujer afectada, esta trabajó de forma temporal como sustituta en el citado centro de Valle Tabares, tanto de educadora como de trabajadora social. Sin embargo, a raíz de que comunicara verbalmente a una responsable de la Fundación Canaria de Juventud Ideo la agresión que había sufrido en La Palma, no se solicitaron más sus servicios para efectuar sustituciones, según explicaron las mismas fuentes en aquel momento y ratificó este periódico el pasado viernes.

En junio, el gerente de Ideo, Toni Sosa, comentó a este periódico que "hemos hecho gestiones con la empresa (Alcor Seguridad) y hemos pedido que se tomen las medidas para que el vigilante deje de prestar el servicio cuando la sentencia sea firme".

Consulta a la Policía

Sosa aseguró entonces que se hizo una consulta al Grupo de Seguridad Privada de la Policía Nacional, que es el departamento que acredita a las personas para ser vigilantes de seguridad, para saber si al mencionado trabajador "se le puede retirar la placa o no".

El gerente de la Fundación Ideo rechazó que la víctima no haya sido llamada más como sustituta a raíz de la agresión, aclarando que "no tiene nada que ver un asunto con otro". Y apuntó que todas las contrataciones que realiza su organismo se efectúan a través de las solicitudes que se presentan en el Servicio Canario de Empleo (SCE).

Fuentes policiales explicaron que uno de los requisitos para ser vigilante de seguridad es "no tener antecedentes penales". Todo este tipo de casos en los que están involucrados vigilantes se remiten a la Unidad Central de Seguridad Privada, que es el departamento encargado de elaborar el informe sobre la situación. Posteriormente, el citado expediente se remite a la Secretaría de Estado de Seguridad para que resuelva sobre el mismo.

Situación del empleado

La Dirección General de Protección al Menor y la Familia del Gobierno de Canarias (organismo que contrata a la empresa en la que trabaja el vigilante) afirmó el pasado viernes que desde el Ejecutivo autónomo se ha requerido a la concesionaria para ver la situación del empleado condenado y que lo retire del centro.

Además, está previsto que en breve se celebre una reunión de la Comisión de Seguridad de la Dirección General para hacer un llamamiento oficial a la adjudicataria del servicio de Seguridad Privada (Alcor) para que prescinda de los servicios de J.J.G.H en las instalaciones del centro de Valle Tabares.