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Casi 40 funcionarios siguen sin acceder a su plaza medio año después de obtenerla

El Gobierno de Canarias continúa sin nombrar a los aspirantes seleccionados para el Cuerpo de Gestión de la Administración Pública, los cargos de mayor rango

Dos opositores buscan sus nombres en un listado de aspirantes seleccionados tras su examen. juan castro

Hasta 39 aspirantes seleccionados en las pruebas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración Pública de Canarias continúan esperando su nombramiento tras seis meses desde que saliera publicada la lista de seleccionados. "Queremos trasladar el malestar existente por el injustificado retraso en la resolución de la oposición, la cuál se encuentra pendiente únicamente del nombramiento como funcionarios de carrera", han expresado los afectados tras la falta de respuesta del Gobierno canario.

El 7 de marzo de 2019 se hace pública la lista de aspirantes seleccionados y no es hasta el 21 de mayo, 75 días más tarde, cuando los afectados por la situación conocen las plazas ofertadas. Sólo un día más tarde, la Administración resuelve ampliar, en un mes y quince días, el plazo máximo para cumplimentar el trámite de nombramiento como funcionarios de carrera.

Según el Decreto 164/1994, de 29 de julio de Adaptación de Procedimientos Administrativos, el plazo establecido para proceder al cumplimiento del trámite de nombramiento es de tres meses, que tendrían que empezar a contar desde el 7 de marzo. Siguiendo la ley, el 7 de julio vencía el plazo para cumplir con el trámite citado, pero con la ampliación de un mes y quince días la fecha final se trasladó al 22 de julio.

Aumenta el retraso

Los aspirantes veían cada vez más cerca el día de "empezar a desempeñar sus funciones", pero los retrasos no se quedaron aquí. A falta de dos días para llegar a la fecha señalada el Gobierno decidió suspender el plazo máximo para resolver los procesos selectivos convocados y el mismo 22 de julio se declara inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en las pruebas selectivas. Dos cuestiones que aumentan la "larga e injustificada espera" de los aspirantes.

La paralización de los procesos no solo afectó a estos 39 opositores, sino a 15.000 en toda Canarias. Pero la situación de incertidumbre solo duró una semana. La primera decisión de paralizar los procesos la tomó Francisco Javier Rodríguez, el que hasta ese momento era el director general de la Función Pública en funciones, el pasado 19 de julio. La medida la tomó al conocer que existían dos sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que cuestionaban el uso del sistema concurso-oposición para acceder a las plazas convocadas de la Administración General de la Comunidad Autónoma. El TSJC aseguró que se había hecho una "interpretación excesiva de las dos sentencias". Tras la polémica la Dirección General de la Función Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, decidió levantar la suspensión del plazo máximo para resolver los procesos selectivos en curso de la Administración Pública.

Tras esta polémica, un grupo de los opositores afectados por los retrasos mantuvieron el 9 de agosto una reunión con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez ,y el viceconsejero de Administraciones Públicas, Alejandro Rodríguez, para tratar el levantamiento de la suspensión y los plazos de resolución. En este encuentro los representantes del Ejecutivo regional aseguraron que los nombramientos de los aspirantes seleccionados se producirían en los primeros días de septiembre. Todavía hoy no se sabe nada de la adjudicación de los puestos de trabajo.

"Hemos superado un proceso selectivo, obtenido plaza, pero muchos de nosotros seguimos en paro y dependiendo económicamente de familiares", declaran los afectados, quienes aseguran que en ningún momento se les ha informado de "las motivaciones de la tardanza". Los implicados reconocen haber contactado con ayuda legal para "preparar futuras reclamaciones patrimoniales por el retraso injustificado", pero destacan que "los daños morales que han sufrido durante estos meses resultan incalculables".

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