El 20,4% de las personas que trabajan en las Islas se encuentran dentro de los umbrales de la pobreza. Un dato que pone de relieve la situación social en Canarias, la única comunidad autónoma española incapaz de frenar el aumento de las desigualdades desde la crisis, con 617.000 personas en exclusión social (29% de la población), de los cuales 334.000 (15,7%), registran una pobreza severa.
Así lo recoge el VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Canarias, que analiza las consecuencias de la crisis en la poscrisis, presentado ayer en la Casa de la Iglesia, en la capital grancanaria, en un acto presidido por el coordinador del informe, Guillermo Fernández; el Obispo de la Diócesis de Canarias, Francisco Cases; el Obispo de la Diócesis de Tenerife, Bernardo Álvarez; y los directores de las Cáritas Diocesanas de Canarias y Tenerife, Gonzalo Marrero y Juan Rognoni, respectivamente.
Ambos obispos destacaron la importancia del informe para conocer la realidad social en las Islas. "No podemos quedar indiferentes a los datos, esto es una llamada para que nos pongamos manos a la obra. La Iglesia ya trabaja para responder a esta situación, pero también es una llamada de atención para las instituciones públicas, para poder llegar a donde las organizaciones no gubernamentales no llegamos", indicó Bernardo Álvarez, antes de la presentación de los resultados.
La primera conclusión del informe es que la exclusión social "se enquista" en Canarias, con más de 617.000 personas en esta situación. "Es lo que denominamos la población estancada, un grupo de personas para el que el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta", indicó el coordinador del estudio de la Fundación Foessa. "Canarias es la única comunidad autónoma donde los niveles de exclusión han crecido en los últimos cinco años, pasando del 28,6% al 29% desde 2013 a 2018.
Dicotomía
En este sentido, Fernández señaló que existe una dicotomía en la situación social en las Islas durante la recuperación económica, con buenos y malos resultados. Por un lado los niveles de integración plena crecen de forma importante, pasando del 26,1% de la población en 2013 al 40,1% en la actualidad. Sin embargo, el espacio social de la exclusión no se reduce, pasa del 28,5% al 29,1%, y además se eleva de forma notable el peso de la exclusión severa, del 10,7% al 15,7%. "Los datos de la encuesta ponen de manifiesto la existencia de un alto riesgo de cronificación de las situaciones de exclusión social y, sobre todo, de polarización de la estructura social. Quien ha soportado en mayor medida los efectos de la crisis ha sido el grupo poblacional con menos ingresos, que ha visto mermada su renta en un 16,8%. Por el contrario, el 20% de la población más rica habría incrementado su renta en un 8,3%".
El estudio también identifica la vivienda, el empleo y la salud, como los principales sectores de riesgo social. En Canarias, la exclusión de la vivienda ocupa el primer lugar tanto para el conjunto de la población como para la población en exclusión, una situación que afecta al 68,1% de las personas en exclusión severa, "para los que una vivienda digna es un derecho inaccesible".
El informe revela que 46.500 hogares se encuentran en situación de "vivienda insegura" -vivir temporalmente sin contrato de arrendamiento, bajo la amenaza de la violencia, con notificación de desahucio...-, lo que los sitúa en alto riesgo de vivir en la calle.
Asimismo, 117.000 hogares tienen gastos excesivos en la vivienda, "superiores a los ingresos"; 105.000 sufren problemas de insalubridad; 59.000 con personas con discapacidad y con barreras arquitectónicas; 25.000 tienen deficiencias graves en la construcción; 19.000 presentan situaciones de hacinamiento; y 99.900 hogares son viviendas inadecuadas para su habitabilidad.
La situación de desempleo en Canarias, a pesar de su reducción progresiva, junto con la precariedad del trabajo (temporalidad, parcialidad e itinerarios cíclicos que alternan períodos cortos de empleo con otros de desempleo), generan trabajadores pobres y excluidos y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos. Como dato relevante: el 20,4% de las personas que trabajan están en exclusión social en Canarias (12,8 en exclusión moderada y 7,6% severa). Y el 52,7% de las familias en exclusión registran tasas de intensidad laboral muy baja, por debajo del 20% de la jornada anual disponible. Pero las mayores tasas de pobreza se siguen concentrando en el colectivo de personas desempleadas, de forma que el 75,3% de las mismas se encuentran en el espacio de exclusión y el 62,2% en exclusión severa.
Por otra parte, Canarias tiene una prevalencia mayor de problemas relacionados con la salud que el resto del país. Así, el 21,7% de la población isleña está afectada por la exclusión social en la dimensión de la salud; y el 12,8% de la población reside en hogares que han dejado de comprar medicinas o seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.
Por último, el riesgo de exclusión social es mucho mayor en hogares con menores, monoparentales (50,6%) y de familias numerosas (51,5%). El 22,7% de los hogares en exclusión están sustentados por personas entre 30 y 44 años; y 4 de cada 5 personas que sustentan hogares canarios en exclusión son de nacionalidad española. Aunque si se es extranjero, el riesgo es mayor.
